Gonzalo Boye (Viña del Mar, 1965) no es un personaje típico, ni un abogado ordinario. Baste decir que estudió Derecho en la cárcel, donde cumplió condena por colaborar, según la Justicia española, en el secuestro de Emiliano Revilla por parte de ETA. Asegura que no tuvo nada que ver. Así lo explica en “Y ahí lo dejo” (Roca), que va por su tercera edición después de arrasar en Sant Jordi. El libro sirve para certificar que Toni Comín es impuntual, para conocer el trabajo de la defensa de los exiliados catalanes y para acercarse al ejercicio del derecho como herramienta para transformar la realidad, algo para lo que defiende «creer en lo imposible, arriesgar hasta el ridículo y tener una estrategia clara».

¿Se vio como eurodiputado?

En ningún momento. Estábamos seguros de que íbamos a ganar el recurso.

¿Creían que sería el Supremo el que les diese la razón?

Teníamos dudas de quién le iba a poner el cascabel al gato, pero sabíamos que no lo podían dejar pasar, porque ponía en riesgo la viabilidad de las elecciones.

¿Están seguros de que Puigdemont podrá recoger el acta?

Es un tema que hemos estudiado mucho. Nos basamos en el Derecho de la UE, pero la propia ley española dice que si el diputado proclamado no recoge su acta en cinco días, verá suspendidas las prerrogativas del cargo. Es un reconocimiento implícito de la inmunidad. Los intentos previos para frenar su acceso a la lista electoral muestran que saben que, si es elegido, la situación es irreversible.

Los españoles dicen que para lograr la inmunidad deberá recoger el acta en Madrid.

No es necesario, como tampoco es necesario jurar la Constitución. No son unas elecciones españolas, sino europeas; los representantes electos no representan al Reino de España, sino a los ciudadanos de la UE.

El Estado intentará impedirlo.

Nos lo vamos a pasar muy bien. Antes, durante y después.

¿Por qué era crucial internacionalizar la persecución judicial contra los líderes catalanes?

Si no se internacionalizaba, si no se lograba poner algún tipo de luces y taquígrafos, esto terminaría como los procesos que se han seguido contra Batasuna y una serie de políticos vascos.

Ya han forzado a Llarena a retirar dos veces las euroórdenes. ¿Dónde deja esto a la Justicia española?

Donde estaba antes, por los suelos. Nunca han tenido prestigio.

¿Cuándo llegará la tercera euroorden que usted prevé?

Creo que cuando haya sentencia, pero con Llarena nunca se sabe.

El juez Llarena debe tener pesadillas con ustedes.

Se lo ha tomado de forma personal y no entiende que esto es solo profesional. A mi no me merece demasiado respeto quien se toma por lo personal las cosas profesionales.

¿Será más difícil hacer frente a las euroórdenes con una sentencia condenatoria?

Siguen sin entender que el problema no es cómo revistan los hechos, sino los hechos mismos, que no son constitutivos de ningún delito en ningún país civilizado, como dijo el tribunal alemán de Schleswig-Holstein.

¿Qué sentencia cabe esperar?

Será dura. Pueden apostar por una fórmula distinta a la de rebelión, pero no dejaría de ser una pena dura, a la que habría que sumarle la malversación.

En el libro deja entrever que hubo defensas que no quisieron que usted estuviese en el juicio del Supremo. ¿Quién y por qué?

Estoy seguro de que, cuando llegue el momento, quien tiene que decirlo lo va a decir. Soy un defensor incómodo y hubiese hecho un juicio muy incómodo. A mi no me gustan las medias tintas, y creo que este era un juicio para entrar a romperlo desde el punto de vista jurídico, porque es una farsa. Es un juicio de derechos no de hechos.

Entiendo, por tanto, que no debe estar demasiado de acuerdo con el camino que está siguiendo el juicio en el TS.

En derecho, cada maestrillo tiene su librillo. Yo hubiese seguido otra estrategia.

¿Hay lugar para la política cuando esta queda en manos de los tribunales?

El problema es que el Supremo y la Fiscalía, con Javier Zaragoza a la cabeza, al que todos en el País Vasco conocen, lo que están haciendo es tomar el control de la actividad política de un Estado. Tal vez porque hay gente que considera que este es un tema demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos. Hay que tener en cuenta que el poder judicial no tiene contrapoder en España. El ejecutivo puede ser controlado por el legislativo, y un Parlamento puede ser encarcelado por el poder judicial, pero este no tiene a nadie más que a ellos.

Si un problema político no se puede resolver en los tribunales, ¿una estrategia política la pueden marcar los abogados?

Me gustaría que el papel de los abogados fuera tan corto como mi carrera política. Creo que es un muy mal precedente que los abogados seamos bien vistos y tengamos algo que decir en un país, porque eso significa que la situación está tremendamente complicada.

Hay medidas que, teniendo sentido jurídicamente, resultan difíciles de encajar políticamente. Por ejemplo, la querella de Puigdemont contra la Mesa del Parlament en el TC.

No se podía dejar pasar que se estuviera aceptando políticamente una decisión jurídica que consideramos que es ilegal. Yo creo que quien jugó mal las cartas fue el Parlament. Ahora, la decisión de presentar esa querella fue básicamente política.

Todos dan por hecho que esto acabará en el TEDH, pero, ¿qué hay que hacer para que Estrasburgo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión?

Estrasburgo no va a entrar en los hechos, pero si las cosas se hacen bien durante el juicio, puede entrar en cosas muy relevantes, como son los derechos fundamentales y no quedarse en los meramente procesales. Pero eso es algo que hay que hacer en el juicio y se llama técnica.

¿Se está haciendo?

No mucho.