Responsables de pruebas se exculpan y ESK reclaman ir «más allá»
José Luis Cabriada, María Reyes Vega y César Augusto Valero, imputados por las irregularidades denunciadas en la OPE de Osakidetza, negaron ayer ante la jueza Yolanda Varona haber filtrado exámenes. ESK, que ejerce junto a LAB la acusación popular, afirmó que es preciso ampliar la investigación. «No se puede acotar a tres personas», apunta.
José Luis Cabriada, María Reyes Vega y César Augusto Valero, los tres jefes de servicio de las especialidades médicas investigados por la filtración de exámenes en la última OPE de Osakidetza, defendieron ayer su inocencia ante la jueza Yolanda Varona. Están acusados de «infidelidad en la custodia de documentos» y de «revelación de secreto por funcionario público».
Los tres –responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo en el proceso de selección– declinaron realizar declaraciones ante los medios de comunicación tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción numero 2 de Gasteiz. Y los abogados de dos de ellos se limitaron a indicar que todo fue «muy bien».
Quien sí respondió a las preguntas de los periodistas fue Patxi Nicolau, de ESK, que explicó ante las cámaras que los tres imputados se ratificaron en las declaraciones que hicieron en su día ante la Fiscalía, negando su participación en los hechos.
Además, señaló que una de las personas investigadas se negó a responder a las preguntas de los abogados de ESK y de LAB, personados en la causa como acusación popular. «Entendemos su postura de defensa, no la vamos a criticar, pero creemos que la mejor opción es la colaboración con la Justicia», apuntó Nicolau, que insistió en que la investigación «no se puede acotar solo a tres personas».
Ampliar la investigación
Remarcó que ESK espera que el proceso judicial «vaya más allá», en alusión a la posibilidad de que se amplíe el número de imputados. Y recordó que ellos cuentan con denuncias anónimas que en su día no pudieron cotejar «de manera fehaciente».
Ahora esperan poder emplear la documentación recopilada durante la instrucción para contrastar toda la información y aportar nuevos datos a la investigación, un trabajo «largo y laborioso» en palabras de Nicolau.
También se refirió a la situación de Marta Macho, una de los tres anestesistas que alertaron de las irregularidades y a la que Osakidetza comunicó la rescisición de su contrato el miércoles, un día después de ratificar su denuncia en sede judicial.Según señaló el representante sindical, no le dieron «ningún tipo de explicación», más allá de que la persona a la que sustituía por una reducción de jornada había cogido una excedencia. E
n opinión de ESK se trata de una medida «represiva» que vulnera la normativa interna, por lo que tienen previsto presentar una reclamación y recurrir a los procedimientos para la resolución de conflictos.
Anuncian una investigación para esclarecer cómo accedió Múgica al Palacio de Justicia
El miércoles compareció la ex directora general de Osakidetza María Jesús Múgica ante la jueza Yolanda Varona, encargada de investigar las irregularidades denunciadas en la última OPE del Servicio Vasco de Salud. Los medios de comunicación permanecieron apostados en la puerta del Palacio de Justicia de Gasteiz a la espera de que accediera. Tenia que comparecer a las 10.45, y a las 11.00 no había pasado por el acceso principal. Sin embargo, minutos después los periodistas pudieron verla sentada junto a la sala en las que se ha tomando declaración a los testigos y a los imputados.
Tras declarar ante la magistrada, Múgica se acercó al ascensor, y los periodistas bajaron a pie. Cuando el ascensor se abrió en la planta baja comprobaron que ella no estaba en el interior. Es cierto que hay más ascensores, pero son para uso de los trabajadores. Un equipo de televisión y medios gráficos permanecieron hasta las 15.15 en las inmediaciones del Palacio de Justicia, a la espera de poder lograr alguna imagen de Múgica. Una labor infructuosa. Ninguno supo cómo entró y cómo salió del juzgado la ex directora general de Osakidetza.
Tampoco lo tienen claro los responsables del Decanato y de la Audiencia Provincial, que han apuntado que ellos no autorizaron el paso de nadie por los accesos secundarios al edificio. Las fuentes consultadas indicaron ayer que pondrán en marcha una investigación interna para saber qué ha ocurrido.