Puestos a sacar perlas del cine surrealista español, y visto que parece que Vox tiene ya un pie en el Gobierno de Madrid, quizá era más adecuado recordar “La escopeta nacional” de Berlanga, pero fue “Amanece que no es poco” la que asomó la cabeza –cual personaje de José Luis Cuerda brotando en un bancal– en la Sala de Plenos de del Tribunal Supremo, donde está previsto que hoy –o a lo sumo, mañana– quede visto para sentencia el juicio contra el independentismo catalán. Hoy presentarán sus informes los últimos abogados, tras lo cual, cada acusado dispondrá de 15 minutos de alegato final.

La referencia a una obra maestra del absurdo encaja como anillo al dedo en un juicio en el que se piden hasta 25 años a unos dirigentes políticos por poner unas urnas, pero la cita tiene doble filo. «Espero que reconstruyamos una España en la que solo discutamos por William Faulkner», fueron las palabras del abogado Xavier Melero, defensor de Joaquím Forn. Reconstruir España y, a poder ser, sin conflictos políticos ni cuestiones territoriales. Lo dice un abogado de un conseller independentista, pero esto ya a casi nadie le parece extraño.

Cada letrado dispone en esta recta final de una hora por cada uno de sus defendidos, lo que hace que no todos los abogados cuenten con el mismo tiempo. Ayer por la mañana el protagonismo fue para Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, y para el propio Melero. Por la tarde llegó el turno de Jordi Pina, que al asumir la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull al mismo tiempo, le correspondió la exposición más larga, de cerca de tres horas. La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, alegó motivos de salud para solicitar posponer su intervención hasta hoy, por lo que finalmente fue Josep Riba, abogado de Carles Mundó, quien cerró la ronda de ayer.

Objetivo: tumbar la rebelión

Ya se sabe que en esto de la abogacía, cada maestrillo tiene su librillo, pero al margen de matices y reparto de tareas –Van den Eynde, por ejemplo, fue el único en referirse ayer a los derechos fundamentales vulnerados, mientras que Pina dedicó más tiempo que otros a la imputación de malversación–, todos centraron buena parte de su intervención en tratar de derribar la acusación de rebelión –también la de sedición–, y su pilar fundamental, sin el cual no puede prosperar: la violencia.

El primero en hacerlo fue Van den Eynde, que denunció que las acusaciones «han elevado a categoría incidentes concretos y aislados», recordando que «un alzamiento debe ser armado». «El delito de rebelión debe ser militarizado», subrayó el letrado de ERC, que insistió en que «la desafección e indignación no son violencia». «Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión», apuntó en una ocasión. «La gente va a votar, la Policía se presenta y les dice que no pueden hacerlo; aun así, la gente vota. ¿Eso es sedición? Eso es una desobediencia de toda la vida», reivindicó en otro momento. La idea queda fijada: puede haber desobediencia a un mandato del TC –tipo penal que no implica penas de cárcel–, pero no hay rebelión ni sedición.

Por la tarde, tanto Pina como Ribó apuntalaron la misma tesis, centrándose complementariamente en el delito de malversación de fondos públicos, al hilo del que recordaron que no se ha acreditado el pago de ni un solo euro en la organización del referéndum.

Derechos fundamentales

«La gente no salió a la calle a derrotar al Estado, un día (20S) salió a protestar y otro (1-O) a votar. ¡Eso son derechos!». Con esas palabras, Van den Eynde fue el único de los cuatro letrados que ayer, más allá de defenderse de las acusaciones, pasó en cierta manera –y tímidamente– a la ofensiva para denunciar los derechos fundamentales vulnerados a lo largo de todo el proceso a los presos catalanes.

Fue el único que lo hizo, si bien no hubo referencia alguna al reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU a favor de los intereses de los dirigentes catalanes –reclamó su puesta en libertad–. En cualquier caso, Van den Eynde sacó a pasear la vulneración de derechos como el de autodeterminación, el de expresión, el de protesta y el de libertad ideológica. Una mención que, además, resulta imprescindible para luego poder apelar a ella cuando el caso llegue, en el futuro, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Van den Eynde concluyó su exposición pidiendo al tribunal «la mejor sentencia posible» e invitándole a que «devuelva la pelota a la política». También le recordó que la sentencia que dicte afectará al modelo de Estado, con dos opciones delante suya: o se inclina por la aplicación del derecho penal del enemigo o por la protección de los derechos fundamentales que se ejercieron el 20S y el 1-O. «Estamos ahí, con la mano tendida, para solucionar este conflicto», concluyó, poniendo voz al mensaje de sus defendidos.

Recital (jurídico) de Melero

Pero el momento culminante de la jornada, para ser honestos, llegó al mediodía, con la exposición de Melero. Al margen de los propios acusados, entre los que hay de todo, Melero es, de largo, el mejor orador que se ha escuchado en la Sala de Plenos del TS durante estos cuatro meses. No se pueden imaginar cuánto se agradecen la sorna inteligente y la fina ironía en un espacio tan inhóspito y lúgubre como el antiguo convento de las Salesas Reales. Melero masajea con una mano al tribunal y a las acusaciones, mientras con la otra deja temblando buena parte de sus tesis. Sería uno de los mejores abogados con los que podría soñar un acusado si este fuese un juicio por un caso de corrupción política –a los que está acostumbrado, de hecho, Melero– o no tuviese nada que ver con la unidad del Estado español. El problema es que, muy a su pesar, esto es un juicio político, y en estos casos, el desempeño jurídico de las defensas, si bien importante, acostumbra a quedar en segundo plano.

El abogado dejó a la altura del betún al fiscal Javier Zaragoza por su referencia al nazismo; recordó que cuando un alzamiento se consuma, no te llevan a juicio, sino que «te ponen una estatua en el centro de Madrid», y recordó que la Guardia Civil no cerró ni un solo colegio el 1-O. En sentido inverso apuntó que «la Generalitat no hizo nada para tomar el poder el 27 de octubre, lo hizo todo para devolver el poder al Estado». Y remató: «El 155 funcionó a la perfección». La defensa de Melero ha sido desde el principio jurídicamente desarmante para las acusaciones, pero políticamente demoledora para los acusados.

 

Forn podrá acudir a Barcelona, sigue la incógnita con Junqueras

El Supremo otorgó ayer la autorización para que el exconseller de Interior, Joaquim Forn, cabeza de lista de JxCat en Barcelona el pasado 26M, pueda acudir el próximo 15 de junio a la constitución de la corporación municipal y a la elección de alcalde o alcaldesa, la incógnita se mantiene aunque se va imponiendo la elección de Colau con los votos del PSC y Valls.

La Sala de lo Penal considera que no hay razón legal para impedir que Forn recoja su acta de concejal, tal como lo hicieron los presos elegidos el 28A para el Congreso y el Senado. Por eso llama poderosamente la atención que el Supremo no haya resuelto la solicitud del presidente de ERC, Oriol Junqueras, para poder acudir el próximo 17 de junio al Congreso de los Diputados a recoger el acta de eurodiputado lograda el pasado 26M como cabeza de lista de Ahora Repúblicas. De hecho, ayer la Fiscalía se posicionó en contra.

La razón de la dilación, apuntan diversos juristas, radica en que los dominios del Supremo acaban allí donde los Pirineos caen abruptamente hacia el Estado francés. En el caso de los diputados en las Cortes, el TS logró forzar a las mesas del Congreso y del Senado a suspender a los electos sin necesidad de pedir el suplicatorio –es decir, sin que los plenos de las Cámaras tuvieran que votar sobre la capacidad del poder judicial para juzgar a uno de los suyos–. En el caso del Parlamento Europeo, sin embargo, está descartado que la Mesa vaya a transigir con los deseos del Supremo, por lo que el juez Manuel Marchena tiene un problema encima de la mesa.

En el entorno de Junqueras se asegura –y así lo subrayan juristas como Javier Pérez Royo– que el Supremo está obligado a pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo, y que debería suspender el juicio mientras los eurodiputados no se pronuncien. De ahí que Marchena esté dilatando la decisión al menos hasta que el proceso quede visto para sentencia, cuando se pueda escudar en que el juicio se ha acabado. En cualquier caso, el capítulo europarlamentario no ha hecho más que empezar. Será largo.B.Z.