Casi nadie niega que la sociedad vasca vive un nuevo tiempo tras la disolución de ETA. Negar la dimensión histórica del cambio que ha operado en Euskal Herria es de cretinos. No faltan, no obstante, personajes que profieren exabruptos, mentiras o delirios. Intentan recrear tiempos pasados que, pese a ser objetivamente peores, ellos consideran que les ofrecen algún tipo de ventaja. Deberían mirárselo, porque no parece que sea muy sano.

Sin ir más lejos, esta semana un fiscal francés ponía en duda el desarme de ETA en la vista para evaluar la situación de Josu Urrutikoetxea. Con todo, los jueces decidieron su libertad vigilada porque su estado de salud es incompatible con la cárcel. Aun así, la Policía lo retiene aunque esto vaya contra la salud de Urrutikoetxea y contra el criterio de la Justicia francesa en este caso.

En Euskal Herria, especialmente en el debate público y en los terrenos en los que la atmósfera política madrileña irradia más fuerte, aún se suelen reproducir esos mismos esquemas. Hasta cierto punto es lógico, aunque eso no quiere decir que esté bien. Es una mezcla de miedo al cambio y de ventajismo político.

Si antes había cosas que no eran posibles por la existencia de ETA –o al menos así se justificaban–, es de suponer que ahora esas cosas son, por definición, posibles. Nadie diría lo contrario, hasta que llega el menos interesado, el PSOE, y se maniata con posturas extemporáneas. «Líneas rojas» respecto a EH Bildu, dicen. ¿Acaso creen que el resto no tiene agravios respecto a ellos? ¿Piensan que la gente no tiene memoria?

Entonces, ¿Rodríguez Galindo a la cárcel?

La tentación reaccionaria está de moda. Es un impulso inducido y constante. Por ejemplo, si niegan la libertad a un preso vasco enfermo, esa tentación empuja a demandar el encarcelamiento del general Rodríguez Galindo. Superado ese primer impulso, quizás sea mejor pedir que el trato que se dio al criminal de los GAL se aplique como doctrina en todos los casos de violencia política. La justicia transicional ya ha funcionado en el Estado español. La inventó Cándido Conde Pumpido.

Cuando María Chivite establece su veto a la segunda fuerza de Iruñea, ¿deberían las miles de personas torturadas bajo los gobiernos de PSOE plantarse ante su sede? Ha sucedido lo contrario: que esa derecha a la que el PSOE quiere aplacar es mentirosa e insaciable. Ayer se apostaban delante de su sede quienes están en contra de restaurar la memoria de los fusilados o niegan la dimensión política de la violencia machista. El PSN les cedió las alcaldías y ellos se lo agradecen con un escrache.

Por otro lado, si representantes del PSE acuden a un acto en recuerdo de una víctima de los GAL, como ocurría recientemente en Errentería, ¿qué hay que destacar? ¿Que han asistido o que no estaba la secretaria general, Idoia Mendia? ¿O que el PSOE aún no ha asumido públicamente su responsabilidad en la organización, financiación, desarrollo y posterior impunidad de la guerra sucia? Solo el GAL mató a 27 ciudadanos vascos.

Tampoco hay por qué obsesionarse con el PSOE. Cambiando de familia, esta semana veíamos al PP apoyar a las víctimas de una tortura que luego niegan pero que sus gobiernos llevaron al límite. En el mismo debate, el PNV se cree libre de todo pecado. Sin embargo, recientemente un informe de la ONU certificaba las torturas al durangarra Gorka Lupiañez en 2007. A los pocos meses el también vecino de Durango y ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, abandonaba la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz tras tres legislaturas en ese cargo. No se le recuerdan grandes gestiones a este respecto. Es feo andar señalando todo el día al resto y no ver los defectos de uno mismo.

No ponerse estupendos y ser constructivos

Un cambio tan profundo como el que vive Euskal Herria obliga a una transición que empujará a todo el mundo a hablar y actuar con unas nuevas lógicas. Se trata de abrir vías diferentes para el debate y la convivencia. En principio, el espíritu de este nuevo tiempo debe ser constructivo y favorecedor de la convivencia. Lo contrario, dejarse caer por la pendiente de la crueldad o promover la humillación, no puede conducir a nada bueno.

GARA ha defendido una y otra vez que el principio rector compartido para esta nueva fase histórica debería ser «todos los derechos para todas las personas». A veces las clases dirigentes no lo ponen fácil, pero este es el espíritu que debería guiar este tiempo.