Recuerdan agentes del sector que el nuevo decreto que regula las residencias de mayores en la CAV llega dos años después de que el Parlamento de Gasteiz instara al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a revisar la regulación, empujado entonces por el conflicto de las trabajadoras de Bizkaia por un convenio con mejores condiciones laborales y por ende una mejor atención. Pero, al margen del retraso, el nuevo decreto no ha dejado de cosechar críticas desde diversos ámbitos al fondo y a las formas. Para empezar, está el factor tiempo, los mencionados dos años de demora y el hecho de que llegue un 30 de julio, víspera de la festividad de San Ignacio y puente festivo de salida vacacional para la mayor parte de la ciudadanía de la CAV, lo que le valió las primeras críticas a la «estivalidad y alevosía», pero también a que se haya «esperado» a «después de las elecciones».

Del decreto se critica, además, que no ha contado con los agentes implicados (asociaciones de usuarios, trabajadoras, representación sindical...), que no tiene como base ningún estudio sobre la cuestión que regula y, lo que es «mucho más grave», el hecho de que «no solo no mejora las ratios sino que los empeora». Tal como remarcan, este es el suelo que fija las condiciones laborales y de los cuidados a mayores en los centros residenciales para los próximos años.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua, Beatriz Artolazabal, aseguró que el nuevo decreto de residencias «garantiza un mayor bienestar y correcta atención de las personas mayores» y destacó que «regula los requisitos materiales, funcionales y de personal que deberían reunir todos los centros residenciales para personas mayores, de titularidad pública y privada». Al anuncio le siguieron titulares que prometían el 75% de las plazas individuales en dos años.

«Esto no va a ocurrir con este decreto, este es uno de los elementos fraudulentos del apartado de los requisitos, porque, si se mira, en ningún caso se va a aplicar a las residencias que ya están en funcionamiento y, si lees la letra pequeña, incluso se excepciona del cumplimiento hasta las que se encuentren en fase de estudio», explicó a GARA Ander Rodríguez, exdiputado de Política Social en Gipuzkoa y responsable de la secretaría de Políticas Sociales de EH Bildu.

Según agregó, «esto no tiene precedentes en las normativa del sector, ya que siempre que se ha hecho una nueva normativa se ha obligado al conjunto de centros a adaptarse a las mejoras en un determinado tiempo».

Menos exigentes que los de 1998

La cuestión de las ratios es otro de los elementos en los que coinciden todas las críticas. El portavoz de la coalición soberanista remarcó que las ratios empeoran porque se basan en jornadas laborales y no en minutos (tiempo que requiere la atención), y las jornadas laborales actuales no son las de 1998. «Los requisitos de personal para abrir una residencia eran muchísimo más exigentes en el año 1998 que lo que lo van a ser actualmente, porque no mejora las ratios», según apunta Rodríguez.

De hecho, destacó que sorprende «la contradicción» en la que se incurre. «En contextos de huelga, los ratios que el propio Gobierno establece como mínimos indispensables para una atención adecuada son superiores a lo que está estableciendo el decreto de residencias». Otra cuestión que pone sobre la mesa es la situación que se da sobre todo en Araba, donde «muchos centros que no cumplen ni siquiera los requisitos de 1998 van a ver en la práctica legalizada su situación con este decreto, al derogarse el anterior». Según agrega el responsable de EH Bildu, en Araba «no se crean plazas públicas desde finales de los 90» y la política de Diputación es «dar un cheque para acceder a una plaza en el mercado privado», una gestión que está generando que familias de rentas más bajas no puedan acceder a una plaza porque la diferencia que tienen que abonar para acceder a la misma puede ser de entorno a 1.200 euros e incluso hasta 2.000.

En el mismo sentido, ELA denunció que, «tras 21 años de espera», el nuevo decreto «no supone ninguna mejora para la atención a las personas usuarias. «La gravedad de este hecho es absoluta porque nos deja un panorama desolador de cara al futuro». También CCOO lamentó que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu «haya perdido una oportunidad de oro para, de forma consensuada con todos los agentes implicados, adecuar la ratio de personal que data de 1998 y adaptarla a las necesidades actuales de las personas residentes, que son muy distintas a las de hace 20 años». La central exigió a Lakua que «escuche a las partes implicadas» con el fin de «instaurar no solo una ratio legal sino una ratio óptima, que suponga tanto la atención que las personas mayores se merecen como la salvaguarda de la salud de las plantillas».

Más precariedad

LAB, que se concentró esta semana ante las oficinas del Gobierno de Gasteiz en Bilbo para denunciar el nuevo decreto, consideró que este «no solo no resuelve sino que depara un futuro bastante complicado para las señoras que viven y trabajan en las residencias, en una sociedad que cada vez envejece más, que cada vez necesita más cuidados, y seguimos sin ensalzar lo esencial del cuidado en un contexto de empleo feminizado».

Desde la central abertzale, Henar Fidalgo destacó que el decreto trae «más precariedad» a un sector marcado por «ritmos de trabajo insostenibles, tiempos insuficientes de atención, estrés, agresiones, nulo reconocimiento del trabajo, eventualidad, jornadas parciales, disponibilidad total, turnicidad, trabajo en solitario... así es como se trabaja en la mayoría de las residencias y las ratios de este decreto mantienen esa precariedad porque no va a haber personal suficiente para mantener ni en buenas condiciones a los residentes ni, por supuesto, en condiciones de salud laboral a las trabajadoras».

A este respecto, Fidalgo volvió a poner el acento sobre la forma en la que se fijan las ratios. «Nosotras entendemos que las ratios adecuadas son las que se establecen por categorías bien definidas, en tiempo presencial, que tengan en cuenta la turnicidad, la salud laboral y el trabajo que se hace en las residencias, porque hay tareas que son esenciales para la vida de las personas como la higiene o la alimentación, pero también el acompañamiento, su desarrollo físico, síquico y emocional, todo eso forma parte de una vida digna y eso no se está teniendo en cuenta».

La asociación de familiares Babestu habla de «grandísima decepción»

Para la asociación Babestu, que reúne a familiares y allegados a personas usuarias de residencias, el nuevo decreto representa «una grandísima decepción». Quienes conviven con la realidad diaria en los centros esperaban mejoras importantes respecto a la ultima regulación, de hace 21 años. Según explicó a GARA Juani Céspedes, presidenta del colectivo, habían elaborado alegaciones, intentaron reunirse con la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y se les remitió a los servicios sociales de diputación. «Luego estuvimos en el Gobierno Vasco diciendo que no estábamos de acuerdo, nos dijeron que estábamos fuera de plazo», agregó. Que el decreto llegue dos años después, «tras las elecciones» y en estas fechas tampoco pasa desapercibido. Se han sentido «defraudados, muy decepcionados», afirmaron.

«Estamos siguiendo las informaciones, no estamos de acuerdo con muchas cosas, y vemos que todos pensamos lo mismo, para nosotros todo es importante, pero el tema de la atención, sobre todo la nocturna, es muy escasa, también durante el día... si no se aumenta el personal es imposible, y pedimos personal de todos los ámbitos, lo mismo sicólogas que fisioterapeutas... pero también sabemos que las gerocultoras tienen una sobrecarga muy grande», comentó. Avanzó que analizarán el decreto y estudiarán «qué a hacer».N.G.