«Los refugiados requieren mucho más que apoyo básico para la supervivencia, necesitan sus derechos, seguridad y dignidad», remarcaron ayer en un comunicado conjunto 61 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Oxfam, World Vision y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Aunque muchos de ellos anhelan regresar a Birmania, pese a que las autoridades no reconocen como ciudadanos a estos musulmanes, «temen más violencia y persecución», señalaron. Por ello, las recientes informaciones acerca de un plan de repatriación han generado «ansiedad» entre los refugiados.

Los firmantes, entre los que también están Save the Children y numerosas ONG locales, remarcaron que «las condiciones actuales no garantizan su seguridad y derechos» de cara a la repatriación ni tampoco disponen de información adecuada para tomar una decisión sobre su retorno voluntario.

Denunciaron que en el estado birmano de Rajine los rohingyas siguen enfrentándose a «graves restricciones de movimiento, así como acceso limitado a educación, sanidad y oportunidades de vida» debido a las «políticas discriminatorias» del Estado.

Recordaron que hay unos 128.000 rohingyas desplazados en campos de confinamiento en el centro de Rajine desde 2012.

Aunque desde abril de 2017, el Gobierno birmano ha emprendido «pasos iniciales» para el cierre de estos centros, incidieron, «no ha habido un progreso significativo en la libertad de movimiento o los Derechos Humanos» de los rohingyas, a los que no se permite regresar a sus comunidades.

Las ONG firmantes apelaron al Gobierno birmano, encabezado por Aung San Suu Kyi, a que aborde «las cuestiones fundamentales de igualdad de derechos y garantice que todas las comunidades en Rajine pueden vivir de forma segura, acceder a servicios básicos y buscar oportunidades de subsistencia».

«Condiciones extremas»

En cuanto a la situación en los campos de refugiados de Cox's Bazar, subrayaron que pese a los esfuerzos del Gobierno bengalí con el apoyo de la ONU y las organizaciones humanitarias, «las condiciones de vida siguen siendo extremas», especialmente en lo que se refiere a la seguridad.

«La violencia por motivos de género y la restringida libertad de movimientos aumentan los riesgos a que se enfrentan mujeres y niñas», destacaron, mientras que las personas con discapacidad o enfermedades graves se topan con «barreras a la hora de acceder a servicios básicos».

«Con la financiación en declive y las continuadas restricciones de acceso de los refugiados a educación y medios de vida, lo más probable es que la crisis empeore», alertaron las ONG.

Criticaron que las comunidades de acogida son las que están soportando «el impacto socioeconómico y medioambiental» de la presencia de los refugiados, lo que está generando «crecientes tensiones por los limitados recursos y servicios».

«La comunidad internacional debe apoyar a Bangladesh para ofrecer una respuesta bien financiada que mejore las condiciones de vida y permita a los refugiados y comunidades de acogida vivir de forma digna», reclamaron.

La directora de respuesta de World Vision en Bangladesh, Rachel Wolff, llamó a «proteger a los más jóvenes de cualquier daño físico adicional». Hasta que los refugiados puedan volver de forma segura, digna y voluntaria, «necesitan y merecen más que lo básico para sobrevivir; necesitan una educación formal que les brinde esperanza por un mañana mejor».

Asimismo, las ONG exigieron «la participación significativa de los rohingya en los procesos de toma de decisión sobre su futuro», más ahora cuando Birmania y Bangladesh negocian la repatriación de unos 3.000 refugiados, a los que ACNUR va a consultar si están de acuerdo.

«La comunidad internacional debe aumentar su apoyo económico, y también sus esfuerzos políticos y diplomáticos, para garantizar soluciones duraderas», afirmó el director del NRC en Bangladesh, Shaun Scales.