El término «Lawfare» hace referencia «al uso de la ley como arma de guerra», en palabras del general del Ejército de los Estados Unidos Charles J. Dunlap Jr., que fue quien lo acuñó en un ensayo publicado en 2001. Desde entonces se ha popularizado en todo el mundo aunque suena nuevo en Euskal Herria, donde por contra nos es familiar otra expresión igual de inquietante como «derecho penal del enemigo». Ayer se habló largo y tendido de lo uno y de lo otro en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, con el juicio por el sumario 11/13 como telón de fondo.

Txemi Gorostiza y Gonzalo Boye fueron los encargados de desentrañar la estrategia del Estado español contra la disidencia vasca y catalana. Y es que como expuso el abogado de Carles Puigdemont, el independentismo catalán está sufriendo en sus propias carnes lo que su contraparte vasca ha padecido desde hace décadas. «Hemos pasado del ‘todo es ETA’ al ‘todo es procés’», resumió el letrado.

Aunque los tribunales españoles no se resignan a dejar de sacar jugo a la teoría pergeñada por Baltasar Garzón en su particular cruzada contra este país. Las 47 personas procesadas en este macrojuicio dan fe de ello.

601 años de cárcel piden en su contra por ejercer la solidaridad médica, jurídica y asistencial con los presos y exiliados vascos, en un sumario que sigue la senda de esos otros instruidos por el magistrado jienense, en el que como recordó la también abogada Bea Ilardia, «se podía ser miembro o dirigente de ETA sin saberlo siquiera».

La juntera de EH Bildu condujo un coloquio donde Gorostiza, abogado de largo recorrido y buen conocedor del sistema judicial español, explicó el contexto histórico y el armazón ideológico que ha permitido una estrategia caracterizada por la existencia de «normas excepcionales, sentencias ejemplares con penas muy altas y la suspensión de garantías jurídicas».

Un brebaje ponzoñoso elaborado en la mejor coctelera posible: la Audiencia Nacional.

El letrado vizcaino recordó que el tribunal especial, legítimo heredero del Tribunal de Orden Público franquista, es un órgano judicial centralizado y especializado donde no se respetan presupuestos tan básicos como «el derecho fundamental al juez natural, el principio de jurisdicción en el enjuiciamiento de los hechos», que «opera como un instrumento más de la política antiterrorista» y que «está sometido a una importante presión política mediática e ideológica». Difícil encontrar mejor escenario para un castigo.

Es allí donde se han enjuiciado este tipo de procesos que, como destacó, son «generales y con un objetivo político», están «dirigidos y culminados por las Fuerzas de Seguridad», van envueltos en una «orquestación mediática» y se da en ellos una «interpretación expansiva del delito de terrorismo». Todo aderezado con «ausencia de independencia judicial». Los ingredientes de esa «Lawfare».

Asombro europeo

Inmerso en ella está el independentismo catalán, y Boye destacó la importancia de «jugar esta pelea en terreno neutral». Puigdemont decidió exiliarse dentro de una estrategia de internacionalización que ha dado réditos en el ámbito judicial. Los revolcones que tribunales alemanes, belgas y escoceses han dado a la Justicia española apuntalan esta estrategia. El abogado chileno recordó por ejemplo que los jueces alemanes valoraron la prueba remitida desde Madrid «y dijeron que ahí no había nada». «Es que en esos países no hay enemigo ni existe el apasionamiento de la bandera», resumió.

Como ejemplo del paralelismo existente entre las estrategias aplicadas contra Euskal Herria y Catalunya, apuntó que también allí se están utilizando «círculos concéntricos». «Primero los líderes políticos, luego cargos intermedios, alcaldes… quién sabe si nos tocará a los abogados», apostilló.

Sobre los abogados, pero del Estado español, preguntó uno de los asistentes en el turno de preguntas. No entendía que lo que aquí es evidente no genere controversia en el Estado. Boye pidió que no se subestime la pulsión que recorre buena parte del cuerpo social español. «Si Marchena (presidente del tribunal en el juicio del procés) se presenta a las elecciones igual sale presidente; no del Supremo sino del Gobierno», advirtió.

Otra persona lamentó que «hay alguien muy empeñado en que nuestro pueblo no salga adelante», entre gestos de afirmación de los presentes. Pero ninguno dudó de que esa solidaridad que se va a someter a juicio seguirá existiendo. Es la pulsión del pueblo vasco, y hoy se mostrará en Bilbo.