Tendemos a pensar que aquellos que están en el poder son más estrategas y más inteligentes de lo que en realidad son. Les atribuimos cualidades casi sobrenaturales, a veces porque no tenemos mejor explicación y, otras, solo por no reconocer que quienes nos dominan son tan humanos como nosotros. Pero es verdad. El poder improvisa, se asusta, se equivoca y actúa sin prever las consecuencias tantas veces como el resto, o incluso más veces porque lo puede pagar.

Ahora comienza a verse que la acusación por rebelión contra los líderes independentistas encarcelados en noviembre de 2017, formulada con el único objetivo de retirarlos de la vida política, no estuvo bien medida. De entrada provocó que un importante grupo de penalistas españoles se pronunciara en contra, y no es aventurado decir que, en los tribunales europeos, semejante desmesura ayudó poco a que las euroórdenes funcionaran.

Pero la acusación por rebelión consiguió algo mucho peor: dejó el proceso judicial deslegitimado ante la mayor parte de la sociedad catalana y, con el, al conjunto de la Justicia española. Fueron tan desaforados los cargos, los más altos que lograron encontrar, que acabaron casi de un plumazo no solo con todo el apoyo de entre los sectores moderados, sino también con la credibilidad de los tribunales para futuras actuaciones. Ahora se sorprenden cuando las acusaciones de terrorismo no suscitan una repulsa en Catalunya sino una oleada de escepticismo cuando no de abierta solidaridad.

Este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, exigió a Quim Torra que condenara una «posible o potencial violencia» en una nueva pasada de frenada altamente cómica. El poder se equivoca porque puede permitírselo. Pero, admitámoslo, este tipo de huidas hacia adelante, estos ataques de falsa indignación y la retórica sin sentido que emplean cuando se dan cuenta de que la han pifiado, generan una atracción indescriptible porque nos recuerda que los que mandan no son infalibles, que cometen errores y que cualquiera de ellos podría ser el último.