La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa en la que, entre otras cuestiones, se anula la necesidad de evaluar el euskara como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta, en la no vascófona y en ciertos puestos de la Administración navarra es un subterfugio judicial para no admitir el euskara como lengua propia de los y las navarras. No en términos históricos –algo científicamente tan indiscutible como el término «Lingua Navarrorum»–, sino como lengua viva de una parte importante de la ciudadanía. Por eso lo llevan al mismo nivel del inglés o el alemán; para ellos es un idioma extranjero. Así evaden la responsabilidad que las administraciones y la sociedad tienen sobre el euskara y su desarrollo.

El resultado directo de esta sentencia es que en esos concursos públicos se podrá premiar el conocimiento de otras lenguas a la vez que se veta el del euskara. Por ejemplo: alemán, sí; euskara, no. En esas convocatorias de empleo público saber euskara y no saberlo valdrá lo mismo. La sentencia abre la puerta a seguir segregando a los euskaldunes tanto como aspirantes a empleo público como en la parte de la ciudadanía que recibe esos servicios.

El promotor de la denuncia que ha propiciado esta sentencia ha sido UGT. El abogado del sindicato en este caso es Juan José Lizarbe, predecesor de María Chivite al frente del PSN. Esto sí es politizar el euskara. Esta línea contra el euskara era parte de su alianza histórica con la derecha. Más tarde ha sido parte de la estrategia de desgaste del Gobierno de Uxue Barkos. Más allá de que la celebración de la ignorancia no forma parte de ninguna clase de socialismo, ahora el PSN tiene responsabilidad de gobierno. Chivite debe gobernar para todos los navarros y navarras. Para ello su Administración debería al menos valorar los méritos de todos en justicia, abandonando así esquemas de segregación de la ciudadanía y de discriminación del conocimiento. Puede estar a favor del euskara, en vez de en contra.