Después de que el martes el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) dictaminase la anulación de los artículos del decreto foral del euskara en relación a su valoración como mérito a la hora de acceder a empleo público en las zonas mixta y no vascófona, el Gobierno de Nafarroa no fijó su posición aludiendo que estaba a la espera de otra sentencia que los tribunales dieron a conocer en el día de ayer y que, precisamente, confirmó la anulación de la obligatoriedad del mérito del idioma nacional en el herrialde.

Pero ayer tampoco hubo una posición definida por parte del Ejecutivo navarro sobre las sentencias del TSJN y, menos aún, sobre cuál será el siguiente movimiento, razón que ha ocasionado las primeras discrepancias entre los socios de Gobierno. En declaraciones a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el portavoz y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, señaló que es necesario un mayor estudio de los pronunciamientos judiciales.

Esta fue, una y otra vez, la respuesta de Remírez a las insistentes preguntas de los periodistas. Así, señaló que todos los escenarios están abiertos, con lo que no descartó, por tanto, ni el recurso ni la inacción que convertiría en firmes las sentencias.

En cuanto a las divergencias que existen entre los miembros del Gobierno, Remírez negó que esta cuestión haya dificultado las relaciones.

Tampoco entró a valorar las posiciones de los distintos partidos a pesar de que miembros de Geroa Bai y Podemos, por un lado, y del PSN, por otro, hayan manifestado posiciones completamente enfrentadas. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, afirmaba que la sentencia del martes «no tiene opción de ser recurrida porque es clara y contundente», en tanto que la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo (Geroa Bai), llegaba a avanzar que se estaba estudiando la interposición de un recurso en nombre del Ejecutivo navarro. La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez informó de que han pedido a Ollo una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento para tratar este tema y agregó que «están a la espera de contestación».

Preguntado sobre si las sentencias tendrán efecto en convocatorias de empleo que ya se han llevado a cabo, Remírez volvió a responder que es necesario un estudio más profundo para tomar decisiones al respecto.

Asimismo, recordó que el acuerdo programático no rechaza una nueva Ley del Euskara en Nafarroa, pero la enmarcó en «el respeto a la igualdad de oportunidades» –un argumento de los recurrentes contra el decreto foral– e indicó que es necesario «un amplio consenso».

Para EH Bildu, en cambio, es «urgente superar la actual Ley del Euskara así como la zonificación para poder garantizar los derechos lingüísticos de los y las navarras euskaldunes». En esta línea, Kontseilua remarcó que las sentencias dejan en evidencia que «es necesaria una nueva ley» y recordó que en la anterior legislatura propusieron las características para esa nueva norma en el Parlamento navarro. Al respecto, el sindicato ELA recordó en una nota de prensa que presentó una propuesta de ley concreta, defendida en el Parlamento (junio de 2018), pero «argumentos como la cercanía de las elecciones o la falta inicial de mayorías bastaron para descartar esa vía, hoy –demasiado tarde– reconocida como la única eficaz: una oportunidad perdida», lamentó.

«Una nueva ley foral que elimine la zonificación podrá garantizar los derechos de las personas vascoparlantes, algo que ahora es evidente pero que no bastó para que el cuatripartito impulsara con convicción una nueva Ley del Euskera», criticó el sindicato.

Potestad del Gobierno

Si bien EH Bildu abogó por una nueva Ley del Euskara y pidió al Gobierno de Nafarroa que presente un recurso en relación a las sentencias, demandó al Ejecutivo navarro que, mientras tanto, «no haga la lectura restrictiva de la ley que han hecho los gobiernos de UPN».

En este sentido, Remírez subrayó que las sentencias del TSJN no suponen «una enmienda a la totalidad de la política lingüística» y destacó que no anulan el decreto foral. De esta manera, el contenido de los fallos, que fue revelado ayer dejan más claro el efecto real de las mismas, que vienen a poner la pelota de nuevo sobre el tejado del Gobierno de María Chivite.

Sobre esto último, el primer fallo sobre el recurso de UGT afirma que valorar el euskara como mérito para cualquier puesto que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y servicios centrales «conlleva una discriminación» en los casos de «puestos de trabajo en los que este mérito pudiera no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a la realidad sociolingüística del ámbito territorial correspondiente».

Acto seguido, el tribunal reproduce una decisión de la misma instancia de 2004 (hace ya quince años) en la que estableció que «la inclusión de tal mérito dependerá en cada caso de los caracteres de cada puesto, sin que pueda definirse de una forma apriorística». En consecuencia, queda claro que si bien el tribunal anula la obligatoriedad de puntuación al euskara que conllevaba el decreto, no invalida la potestad del Gobierno de Nafarroa para regular cada concurso.

En virtud de ello, cabe señalar que el artículo 17.b. de la Ley Foral del Euskara reconoce que, en la zona mixta, la administración podrá valorar como mérito el conocimiento de la lengua nacional en las convocatorias de acceso a las plazas en las que no sea requisito, precepto que incluso rubricaba el Decreto Foral 55/2009 aprobado con Miguel Sanz (UPN) como presidente y sobre el cual la sentencia del martes no hizo mención alguna. Por tanto, mediante este pretexto judicial no se esquiva la responsabilidad de las administraciones sobre el euskara y su desarrollo.

Con todo, para el TSJN, la «exigencia imperativa» de valorar el euskara que ve en el decreto «desconoce una valoración individualizada, racional, proporcionada y adecuada en función de las características del puesto, las funciones a desarrollar y la realidad sociolingüística que debe atender».

Cuestiona los datos oficiales

Por otro lado, llama la atención en esta primera sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa cuestione muy abiertamente los informes y estudios existentes sobre el conocimiento y uso del euskara en el herrialde. Dice que el empleado por Euskarabidea en 2017 para este decreto supera las conclusiones del Mapa Sociolingüístico publicado en 2015 y basado en datos recogidos en los años 1991, 2001 y 2011.

Más adelante, el fallo llega a indicar: «No existe ningún estudio ni informe que valore en su conjunto y de manera motivada los datos (todos) que arroja la realidad sociolingüística de Navarra en su conjunto y en sus distintas zonas, que permitan tener por justificada la regulación de los artículos impugnados (...) Tal carencia de motivación y justificación determina la nulidad de los preceptos, máxime además si en el decreto foral 103/2017 se incrementan los porcentajes de valoración».

Segundo fallo que menosprecia al euskara como mérito en Nafarroa

El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) rechazó ayer los recursos interpuestos por Afapna y el Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Enfermería, Satse, contra diversos artículos del decreto foral del euskara, y exclusivamente anuló, como ya hiciera en el recurso presentado por UGT y el Sindicato del Personal Administrativo, los preceptos relativos a la valoración «del vascuence» como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta, la zona no vascófona y los puestos de los servicios centrales de la Administración navarra cuando el ingreso se realice por concurso-oposición.

En su recurso, Afapna había solicitado, en síntesis, la anulación de artículos sobre el número y características de puestos bilingües. Al respecto, el tribunal sostiene que la argumentación jurídica es «endeble y equívoca». Respecto al recurso del Sindicato Médico y Satse, que solicitaba la impugnación del artículo 27 al entender que la valoración para la zona vascófona de los méritos es «desproporcionada», desestimó el recurso porque el recurrente no ha aportado ningún parámetro que pruebe «la alegada desproporción».I. A.