La respuesta al fallo del Tribunal Supremo ha desbordado a un Gobierno en funciones que se las prometía felices tras las fallidas investiduras. Cargar la culpa a Podemos y, de paso, acabar con él, y no depender de los soberanistas era el paisaje hegemónico dibujado por Iván Redondo.

Ahora ese lienzo, campo de batalla inagotable, ha hecho saltar las alarmas a los tecnócratas de Moncloa. Sánchez, con más finales que principios, no ha salido airoso de las negociaciones fallidas con Podemos, pues el primer responsable de no formar gobierno es el que va a gobernar. Apela día sí y día también a la gobernabilidad y ruega a Casado que le deje paso. El líder del PP es consciente de que se abstendrá antes que otras elecciones. Las encuestas le dan margen de maniobra, y ve factible ese acuerdo disfrazado de excepcionalidad.

Depender de los soberanistas, en cambio, supondría un auténtico quebradero de cabeza para todos los agentes implicados. Es evidente que un soberanismo fuerte pondría las cosas difíciles en Madrid y evidenciaría el gran elefante en la habitación del Congreso. De los partidos soberanistas dependerá, si el dilema es estrictamente binario, evidenciar que es posible negociar con un Gobierno del PSOE, o bien reflejar que la gobernabilidad en el Estado está supeditada a la resolución del conflicto, haciendo que este resuene en cada sesión.