Manuel Lezertua está a las puertas de concluir su mandato como Ararteko. Durante estos casi cinco años, las quejas más recurrentes ante esta institución preocupada por velar por los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas de la CAV han sido las relacionadas con el respeto a los derechos sociales. Que las reclamaciones se repitan es síntoma de que la Administración no siempre atiende las recomendaciones del Ararteko, que en 2018 realizó 15.000 intervenciones. Un 70%, dirigidas al Gobierno de Lakua; un 20%, a las diputaciones, y un 10%, a los ayuntamientos.

¿Quién recurre al Ararteko, autóctonos o extranjeros? ¿Cuáles son sus principales quejas?

Alrededor de un tercio de las reclamaciones por derechos sociales son de origen extranjero, casos que muchas veces tienen que ver con la exclusión social. Sus principales quejas se refieren a la RGI, la vivienda y las ayudas. Las de los autóctonos se refieren a urbanismo, medio ambiente o patrimonio.

La defensa de los derechos de los inmigrantes y el apoyo a este colectivo es cada vez mayor, pero también se han convertido en el chivo expiatorio de todos los males. ¿Falta sensibilización social? ¿Qué ayudaría?

La sensibilidad social en el ámbito oficial existe. La Administración vasca es consciente de que con la tasa de natalidad que tenemos es necesaria la inmigración. Los inmigrantes aportan a la economía vasca y al PIB vasco más que lo que nos cuestan. He pedido que contribuyan a trasladar a la ciudadanía una visión positiva si queremos una sociedad cohesionada, porque en la opinión pública existen visiones menos positivas, y no es verdad. La alternativa es peor, si se sienten excluidos o se van a ir, y necesitamos que se queden, o van a vivir en los márgenes de la sociedad, con riesgo para la seguridad, delincuencia…

La utilización de los menores no acompañados (menas) es especialmente sangrante. Aunque la inmensa mayoría muestra un buen comportamiento y responde positivamente a los programas, siempre se liga a los menas con la delincuencia. ¿Cómo evitar esa lectura?

La respuesta a los prejuicios, que de eso estamos hablando, es la información veraz. No es fácil “desmontar” esas ideas preconcebidas, como bien lo demuestran las campañas “anti-rumores”, pero la constancia en los mensajes y la difusión de los logros y los aportes que estos chicos hacen es una forma de contribuir a ello.

La discriminación lleva a la exclusión. ¿Qué medidas habría que adoptar para evitarlo?

Las medidas que Euskadi debe y puede articular son las de atender a estos chicos y chicas como lo que son: niños, niñas y adolescentes con las necesidades propias de esas edades y sin una familia cerca que les pueda ofrecer apoyo y acompañar en su proceso de maduración y autonomía. Desean tener una formación que les facilite el acceso a un trabajo, desean tener una cuadrilla, les gusta jugar al fútbol, correr o escalar… y a veces hacen las “tonterías” propias de los adolescentes. El acompañamiento educativo es en ese sentido fundamental.

Usted ha sumado su voz a quienes reclaman una reforma de la RGI. ¿Qué ha aportado a la propuesta?

Nuestra experiencia. Tenemos miles de casos en el ámbito de la exclusión social y pedimos que se tenga en cuenta lo que no funciona. Los tiempos, estructuras sociales y problemas han cambiado y sería conveniente una nueva ley que corrija los errores que hemos detectado y que abordara la nueva problemática. La reforma está atascada, pero es importante que haya consenso porque es una legislación destinada a los más pobres, débiles y vulnerables.

En el Parlamento de Gasteiz, EH Bildu ha pedido su retirada por no atender sus recomendaciones en lo referente a las víctimas de violencia machista. ¿Cuáles son?

La concesión de ayudas en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista es sencilla, el problema es cómo acreditar la condición de víctima. Pedimos que se defina la noción de violencia machista de forma acorde con las normas internacionales, con el Convenio de Estambul, que es más amplio que el que se utiliza en algunas normas vascas; que se reforme la Ley de Igualdad para armonizar todas las medidas transversales, y que se pueda acreditar la condición de víctima no solo cuando existe una intervención judicial o policial sino también cuando los servicios sociales municipales emiten un informe. Además, hemos reclamado que para cobrar la RGI una persona no tenga que hacer uso de todos los derechos en materia económica –denuncia por impago de pensión, por ejemplo–, que se suele pedir de forma recurrente, y que se tenga en cuenta que a una víctima de violencia de género eso le somete a un riesgo y estrés excesivo por miedo y a la revictimización… EH Bildu considera que hay que repensar la ley en esta materia.

Son recurrentes las quejas en relación a la RGI y la PCV, muchas centradas en falsas acusaciones contra los extranjeros. El porcentaje de fraude es muy pequeño, aunque mucha gente tiene la sensación contraria. ¿Cuál es prototipo de los perceptores?

Dos tercios de las ayudas van a personas de aquí, es normal, somos más. Muchas veces hablamos de personas que no tienen alto nivel de formación o de conocimiento del idioma y lo que se puede considerar fraude es desconocimiento, negligencia, error, incomprensión, falta de orientación, que se han equivocado de papel o no pueden conseguirlo en sus lugares de origen... independientemente de que haya gente organizada para emitir certificados falsos. El celo que pone Lanbide en los requisitos es exquisito, y no tenemos datos para pensar que no se vigila lo suficiente. De hecho, sus cifras sobre el fraude son bajísimas, inferiores al 1%. Pero hay que permanecer vigilantes.

¿Cuál el peso de las familias monoparentales?

Están en una situación de mayor vulnerabilidad y necesitan un tratamiento más integral. A la hora de negar o retirar una RGI o un PCV hemos insistido en que se tenga en cuenta el interés superior del menor. En esto discrepamos con Lanbide, que cree que el interés superior del menor no es aplicable a la RGI.

La educación es fundamental para el desarrollo y la cohesión social. ¿Cómo se debería combatir la segregación?

Hay un desequilibrio muy grande entre las ikastolas –aunque sean públicas– y los centros concertados, a donde van los autóctonos, y la escuela pública, a donde van los inmigrantes, incluso en los mismos módulos lingüísticos. Tenemos que exigir a la Administración que evalúe el impacto de las medidas que va a tomar y adopte aquellas que lleven a una desaparición progresiva de la segregación. Hay que medir por qué en un mismo pueblo hay un 70% de extranjeros en un centro y un 5% en otro.

¿Qué medidas recomienda Ararteko?

La segregación no tiene que ver sólo con la educación, es un reflejo de la sociedad, de sus miedos y prevenciones. Hacerle frente es un proceso a largo plazo. No se pueden dar pasos atrás, hay que construir la inclusión de los inmigrantes poco a poco, dándoles acogida, facilitando su acceso a la escuela, al mercado laboral, a cursos de formación, a la enseñanza del euskara, a todo lo que les permita vivir entre y con nosotros.

Se acaban de suspender los once procesos de selección investigados en la última OPE de Osakidetza, en la que se denunciaron irregularidades. Los sindicatos se quejan de que el Departamento no ha atendido sus peticiones. ¿Ha hecho el Ararteko alguna recomendación?

En enero, el Ararteko emitió un informe muy detallado tras recibir quejas y abrir un procedimiento de oficio ante el escándalo suscitado. Algunos sindicatos acudieron al Ararteko, otros a la Fiscalía, otros a los dos… y, en la medida en que interviene el poder judicial, el Ararteko no puede intervenir para saber si se han producido delitos o irregularidades. Nos centramos en conocer cómo estaba organizada la OPE y definimos doce medidas provisionales urgentes para que los ciudadanos no tuvieran dudas de que la selección del personal de Osakidetza se hace conforme a mérito y capacidad. Había que recuperar la confianza. El Departamento respondió que las van a cumplir. Ahora hay que repensar cómo organizar las OPE.

Se ha mostrado firme en el apoyo a la retirada de la custodia y limitación de contactos en casos en los que los progenitores están inmersos en procesos por violencia machista aun cuando no exista sentencia firme. ¿Por qué?

En temas de violencia de género no se puede condenar sin pruebas y a veces es difícil demostrar que se ha producido porque no deja rastro, no hay testigos… Hay que respetar la presunción de inocencia, pero cuando existen indicios que llevan a abrir un proceso es legítimo adoptar medidas cautelares y tomar precauciones. La retirada de la custodia puede ser una medida cautelar legítima que no es contraria a la presunción de inocencia, si no habría que esperar siempre a la sentencia antes de tomar medidas y, mientras, se podría repetir la situación. Los niños son víctimas directas, sean el objeto sobre el que se vierte la violencia o testigos de esa situación. Ese menor es víctima y necesita toda la atención, y a veces obligarle a mantener el régimen de visitas puede ser perjudicial.

Las autoridades hablan del «oasis» vasco, pero crece la desigualdad y el número de trabajadores pobres.

En Euskadi el tejido de protección social es más denso que en otros lugares y ha amortiguado la crisis, lo que no quiere decir que no haya afectado a muchas familias, pero la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo por igual. Existen sectores dentro de la marginación social, colectivos particularmente vulnerables como extranjeros, menores no acompañados, mujeres o familias monoparentales, más afectados porque no consiguen engancharse a la recuperación. Cuando yo llegué había 70.000 perceptores de RGI y hoy hay unos 50.000, lo que evidencia que algunos están saliendo de la extrema necesidad, pero en la medida en que muchos se quedan al margen de esa recuperación, aumenta la desigualdad.