El informe elaborado por la empresa Geoconsult fue encargado en 2018 por la entonces consejera de Presidencia del Gobierno navarro, María José Beaumont, y sus conclusiones fueron sido presentadas ayer por el Ejecutivo.

De este modo, señala que «la ladera se encuentra en equilibrio estricto con una velocidad de desplazamiento menor a dos milímetros al mes» y recuerda que «tras las lluvias de 2013 el terreno se desplazaba a cien milímetros al mes».

Lo que la nota de prensa del Gobierno menciona como «las lluvias de 2013» se refiere al desplazamiento que se registró en la ladera derecha sobre la que se asienta el embalse y que provocó que hubiera que desalojar las urbanizaciones Lasaitasuna y El Mirador del Inglés de Esa. Posteriormente, el Gobierno español expropió 103 viviendas de estas urbanizaciones. Entonces, ya se atribuyó el deslizamiento a las obras de recrecimiento del embalse, que tiene un largo historial de problemas similares, con episodios que se remontan a 1930.

El informe del Gobierno navarro añade que «aplicando la revisión de la norma sismorresistente de 2012 los desplazamientos que se obtendrían no condicionarían la viabilidad de la presa».

Además, señala que los planes elaborados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) «plantean soluciones ‘válidas’ en términos generales pero considera que son necesarias medidas adicionales para incrementar el margen de seguridad en todo tipo de escenarios». Cita medidas adicionales para mejorar el drenaje en el interior de la ladera, estabilizar la zona superior y «minimizar movimientos residuales de deslizamiento».

También considera que es «oportuno profundizar el conocimiento que se tiene de la ladera para precisar los parámetros característicos del terreno y acotar la influencia de agua subterránea».

Junto a ello, el estudio recomienda «que se incrementen los mecanismos de seguimiento de la ladera ya existentes para hacerlos automáticos y continuos para reforzar la previsión, la seguridad y la capacidad de respuesta».

Una obra cuestionada

Las obras de recrecimiento del pantano de Esa han sido cuestionadas tanto por motivos ambientales y de seguridad como de racionalidad económica por expertos como Pedro Arrojo o Antonio Aretxabala, que habían propuesto una serie de pantanos de regulación más pequeños como alternativo al macroproyecto. Asimismo, vecinos de las zonas afectadas, tanto en Nafarroa como en Aragón, rechazan la obra por la inseguridad y porque anegará una amplia porción de tierra.