Hay casualidades poco creíbles. La prensa de Barcelona llevaba dos semanas esperando la sentencia sobre el caso de desobediencia del president, Quim Torra, pero no fue hasta ayer, dos horas después de que el TJUE se pronunciase sobre Junqueras, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hizo pública su decisión.

Los jueces decidieron inhabilitar al president durante 18 meses por un delito de desobediencia por no retirar la pancarta que hacía referencia a los presos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat, en contra de la orden de la Junta Electoral Central. El TSJC también impuso a Torra una multa de 30.000 euros. La sentencia, en cualquier caso, no es todavía firme, y podrá ser recurrida ante el Supremo.

La respuesta de Torra no se hizo esperar: «A mi no me inhabilitará un tribunal político, solo me puede inhabilitar el Parlament». De hecho, aseguró que, cuando el TS confirme su inhabilitación, pedirá al Parlament que le ratifique en el cargo, lo que deja entrever ya una nueva sesión de enfrentamientos entre los diferentes partidos independentistas.

¿Y ahora qué?

El análisis compartido sobre la sentencia del TSJC es que, de un modo u otro, será el catalizador final de una nueva convocatoria electoral. La ratificación del Supremo puede tardar algunos meses, pero en JxCat ya se relamen pensando en volver a amortiguar la siempre anunciada victoria de ERC con Puigdemont como candidato. Al mismo tiempo, en ERC suspiran también porque la sentencia del TJUE acabe permitiendo la candidatura de Junqueras, lo que supondría, a efectos prácticos, volver a la casilla de diciembre de 2017. El líder de ERC, sin embargo, lo tendrá más difícil.

Torra podría convocar elecciones antes de que la inhabilitación fuese efectiva. Si no, el reloj de dos meses antes de la convocatoria automática arrancaría en el momento en que, inhabilitado Torra, el Parlament tratase de investir a un nuevo president. Algo que, a priori, no podrá ocurrir porque JxCat y ERC no tienen la mayoría suficiente, y porque CUP y Comuns han defendido ya la convocatoria electoral.