Una parte importante de la sociedad vasca ha demostrado que está dispuesta a hacer todo lo que esté en sus manos para solucionar la situación de los y las presas políticas y sus familiares. Es una prioridad política con consecuencias humanas profundas. No se puede decir lo mismo de la mayoría de las instituciones del país y de algunos partidos, que no han estado a la altura del momento histórico. El PNV ha llegado a frenar el cambio de lógica del PSOE y la nueva perspectiva aportada por Podemos en este tema, por ejemplo.

Durante un tiempo el PNV reivindicó la discreción, pero es evidente que no ha sido exigente cuando ha apoyado al PP en Madrid y no ha priorizado la cuestión de la reconciliación cuando ha pactado con el PSOE. Parapetado en el relato del daño injusto –mientras se certificaban 4.113 casos de tortura, el 73% de ellos posteriores a 1978, y en grados salvajes bajo sus mandatos–, es triste imaginar el nivel de reconciliación y el dinamismo sociopolítico que tendría el país ahora si el lehendakari Urkullu no hubiese jugado al bloqueo con los presos y las consecuencias del conflicto.

La dinámica de Ipar Euskal Herria, con el lehendakari Etchegaray a la cabeza, muestra la alternativa, sin por ello ser ni menos moral ni menos leal institucionalmente. Haciendo política para evitar sufrimiento, accidentes y, en el peor de los casos, muertes. Simplemente, sin jugar al ventajismo y cumpliendo la palabra. Esto sí es ético. La diferencia se vio de nuevo ayer en Baiona.

La inmensa manifestación de ayer en Bilbo llega en un momento político especial, tras la formación del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y bajo el asedio de las fuerzas de ultraderecha. En la sesión de investidura se vio que no hace falta que este Gobierno haga nada para que la derecha monte en cólera como si hubiese hecho algo criminal. Visto el coste de no hacerlo, lo mejor es tomar decisiones audaces y capitalizarlas.

Hay al menos tres caminos para transitar de la política penitenciaria de venganza a una que garantice derechos y fomente la convivencia. El hecho de que el PSOE, además de sufrir la violencia de ETA, haya protagonizado parte relevante de las violencias que ha vivido el país, con los GAL y con las torturas, y que estas hayan quedado impunes debería facilitar el tránsito a esas vías.

La palabra dada a la comunidad internacional

Si Pedro Sánchez reivindica ahora el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, lo mejor sería que asumiese los compromisos que este dejó pendientes en 2011 con la comunidad internacional. Sería una buena fórmula para afrontar la paz y reforzar el relato sobre la supuesta victoria lograda por el Gobierno del PSOE. Esta opción tiene una lectura sobre la resolución de conflictos y otra si se quiere más ligada al honor, el de tener palabra.

Incluso, ante la perspectiva de tener que recurrir a esa comunidad internacional para lograr mediación y legitimidad en la resolución de las violaciones de derechos en Catalunya –el sistema va a implosionar a base de sentencias europeas contra la degeneración del estado de derecho en España–, el cumplimiento de la palabra en el expediente vasco reforzaría su maltrecha credibilidad.

Desmantelamiento de la política de excepción

El PSOE hizo del endurecimiento penal marca de la casa. En concertación con la derecha, hizo de la excepcionalidad norma. Toca desmontar ese andamiaje represivo, por higiene democrática y por estrategia a medio plazo.

El fin de la excepcionalidad jurídica tiene que ir acompañado del desmantelamiento de la estructura posfranquista que se ha mantenido en los principales puestos de poder de la judicatura. De igual manera que en la Transición se limpió el Ejército de sus elementos más ultras a base de retiros forzados y bien pagados, hace falta una reconversión para lograr que la cultura democrática y el estado de derecho guíen la práctica jurídica española. Si no, el sabotaje siempre vendrá de ahí.

Justicia transicional y derechos humanos

Los únicos derechos humanos que se están vulnerando hoy en día en el marco del conflicto político vasco son los de los presos y presas y sus familiares. Ya ha habido varias muertes en la cárcel y decenas de accidentes. El coste humano lo paga la sociedad vasca, el político el Estado español. Es mejor para todos cambiar de juego. En el fondo, este Gobierno debe elegir entre valores como la crueldad y la venganza o la humanidad y la libertad.