Otra fría tarde de enero Alonsotegi recordó a las víctimas del atentado contra el bar Aldana. En esta ocasión, igual porque era una efeméride «redonda» –40 años– o porque estamos a meses de otra cita electoral, Iñigo Urkullu participó en el homenaje. Para el lehendakari, lo sucedido aquella noche del 20 de enero de 1980 le es muy cercano; conocía personalmente a muertos y heridos por aquella salvajada rubricada por los efímeros Grupos Armados Españoles (GAE).

El Gobierno español, y ha habido unos cuantos –14 ejecutivos y 7 presidentes– desde entonces, dice que no tiene pistas pero el rastro siempre miró a la comisaría de Barakaldo y estaba claro que poco se iba a «descubrir» poniendo al cargo de la investigación a José Amedo Fouce. Blanco y en botella.

Urkullu es muy «selectivo» en sus visitas a su localidad natal y no se suele prodigar en los actos que se organizan ese «día especial» para él. Reconoce que «sigue pendiente el esclarecimiento» de esta acción pero su partido se negó a firmar una declaración institucional en la que se exigía al Estado español que asuma su responsabilidad en la guerra sucia y el daño causado. El PNV aceptó el veto planteado por el partido que le ha permitido mantener la Alcaldía. En Madrid, el jeltzale Aitor Esteban reclama al Estado «la verdad» pero en Alonsotegi sujetan con el PSE el manto de impunidad sobre esta acción violenta. ¿Son acaso Manuel Santacoloma, Liborio Arana y el matrimonio formado por Mari Paz Ariño y Pacífico Fica víctimas de segunda categoría?

No en pocas ocasiones he oído hablar al lehendakari de la necesidad del reconocimiento del daño causado, así que tendrá que aclarar él o su partido por qué unos días o a determinadas horas toca reivindicar verdad y justicia, y otras situarse al lado de quienes no quieren que se les recuerde su implicación en la guerra sucia. Los que no faltan a esa cita volvieron a sostener la pancarta en la que se denuncia que, lamentablemente, la violencia del Estado español sigue impune en Euskal Herria.