Antes de empezar a usar la sigla GAL, a finales de 1983, para reivindicar los atentados de guerra sucia, se sirvieron de otras muchas: Anti-Terrorismo ETA (ATE), Batallón Vasco-Español (BVE), Triple A, Grupos Armados Españoles (GAE)... Además, muchos atentados ni siquiera los reivindicaron. Por ejemplo, tres atentados que hicieron el 21 de setiembre de 1980, el mismo día, en Durango, Etxebarri y Andoain.

En todo caso, la gran mayoría de los atentados quedaron completamente impunes. Sobre todo los cometidos en la Euskal Herria bajo administración española, pero también los cometidos en Iparralde, donde hubo tres campañas de guerra sucia contra la comunidad de refugiados políticos vascos.

En efecto, antes de la campaña de los GAL, iniciada en octubre de 1983, hubo otras dos, la primera de las cuales tuvo lugar entre abril de 1975 y octubre de 1976. Una campaña que se saldó con numerosos atentados con explosivos, varios intentos de asesinato frustrados, contra Txomin Iturbe, Josu Urrutikoetxea, Tomás Pérez Revilla…, y la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe ‘‘Pertur’’.

Después, durante un año y casi nueve meses, no hubo atentado alguno en Iparralde, pero en cuanto las autoridades españolas lo consideraron necesario, volvieron a las andadas, asesinando, el 2 de julio de 1978, a Agurtzane Arregi. Su marido, el histórico militante de ETA Juanjo Etxabe, recibió una decena de balas, pero salvó la vida. Aquel atentado dio inicio a la segunda campaña de guerra sucia, que duró hasta marzo de 1981 y fue mucho más cruenta que la anterior: ocho muertos y otro desaparecido, Joxe Miguel Etxeberria ‘‘Naparra’’, dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

También intentaron secuestrar y hacer desaparecer a la refugiada Arantxa Sasiain quien se libró de puro milagro. Cuatro años después, volvieron a intentar secuestrar a un dirigente de los Autónomos, Joxe Luis Salegi ‘‘Txipi’’ y poco después lo consiguieron en el caso de Lasa y Zabala.

El atentado más importante de esa segunda campaña fue sin duda el que costó la vida, el 21 de diciembre de 1978, al dirigente de ETA José Miguel Beñaran ‘‘Argala’’ y en 1979 asesinaron a otros tres refugiados políticos: Enrike Álvarez ‘‘Korta’’, Jon Lopategi ‘‘Pantu’’ y Justo Elizaran ‘‘Periko’’. Muchos más dejaron sus vidas en años posteriores.

En 1980 volvieron a repetirse los atentados en Iparralde y uno de ellos dejó en absoluta evidencia a las autoridades españolas: tres mercenarios ametrallaron el bar Hendayais, el 23 de noviembre de 1980, y mataron a dos personas que nada tenían que ver con los refugiados e hirieron a otras diez. Tras ello, atravesaron violentamente la frontera en un vehículo y mostraron a los policías españoles el número de teléfono del comisario Ballesteros quien ordenó, y consiguió, que los asesinos fueran puestos en libertad y se ocultara su identidad.

El último atentado de esa segunda campaña de guerra sucia en Iparralde se produjo en Donibane Lohizune y estuvo dirigido contra Eugenio Etxebeste ‘‘Antxon’’. De nuevo, como en la campaña anterior, volvió a quedar en evidencia que los mercenarios se servían de armas y municiones adquiridas por las Fuerzas de Seguridad españolas. Además, cuando poco después murió el mercenario detenido en dicho atentado, sus familiares reclamaron y obtuvieron una indemnización del Ministerio del Interior español.

El hecho de que hubiesen dejado tantas pruebas en los atentados contra el Hendayais y contra Etxebeste tuvo, sin duda, mucho que ver con la decisión de poner fin a aquella segunda campaña de guerra sucia. En Francia, habían comenzado a gobernar los socialistas junto con los comunistas y, al parecer, las autoridades españolas consideraron demasiado arriesgado continuar cometiendo atentados en Iparralde.

Cuando el PSOE ganó las elecciones, en octubre de 1982, y fue elegido presidente Felipe González, de inmediato empezaron las negociaciones franco-españolas, en las que los españoles dejaron bien clara la gran importancia que concedían a que se tomaran contundentes medidas contra los refugiados políticos vascos.

En cuanto decidieron las medidas a tomar y cómo llevar a cabo la tercera campaña de guerra sucia en Iparralde, los atentados y las medidas contra los refugiados se sucedieron. Unas medidas que se iniciaron con numerosas deportaciones, a las que siguieron las extradiciones y las entregas a los torturadores españoles y unos atentados, reivindicados usando la sigla GAL, que provocaron en Iparralde 26 muertos, ocho de los cuales nada tenían que ver con los refugiados.

En aquella tercera campaña, debido a las increíbles chapuzas cometidas por el subcomisario Amedo, quedó aún más en evidencia que eran las autoridades españolas quienes organizaban todos aquellos atentados. A pesar de ello, estas siguen afirmando que se trató de atentados cometidos por la «organización terrorista GAL» y negando que se tratara en absoluto de terrorismo de Estado. Y otro tanto pretenden en lo que se refiere a todas las demás siglas. Repiten una y otra vez que la guerra sucia la ejecutaron «organizaciones terroristas como los GAL, BVE y demás».

En realidad, todas esas siglas no fueron sino pantallas destinadas a ocultar el terrorismo de Estado, porque está bien claro quién organizó la guerra sucia, recabó información sobre los objetivos, puso esta a disposición de los mercenarios y se encargó de pagarles. Precisamente, sirviéndose de los bien oscuros «fondos reservados» del Estado.

Por eso es tan importante recalcar que las «víctimas de los GAL» y las «víctimas del BVE» son todas ellas víctimas del terrorismo de Estado y que tanto el Estado español como el francés les adeudan verdad, justicia y reparación, con la garantía de que nunca volverá a producirse nada similar.

Sus familias, amigos y compañeros de lucha no cejaremos hasta conseguir que ambos estados salden esa deuda. ¡Por supuesto que no!