Hoy se cumple un mes desde que un vertedero sobreexplotado escupiese sus sobras ladera abajo en Eitzaga, llevándose consigo los cuerpos de dos trabajadores. Siguen sepultados a día de hoy, y su búsqueda sigue siendo el asunto más urgente encima de la mesa, con permiso del coronavirus, que deja las farmacias sin mascarillas y a los medios sin espacio para Zaldibar.

Las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze siguen aguardando para poder realizar un duelo en condiciones. Su dolor es comprensible y sus demandas deben ser escuchadas y acompañadas, en la medida de lo posible, siendo conscientes de que nadie sabe cuándo aparecerán sus cuerpos.

Junto a esta búsqueda sobre el terreno se apilan todavía infinidad de preguntas, por mucho que el lehendakari, Iñigo Urkullu y el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, tratasen de dar carpetazo con una maratón de entrevistas hace dos fines de semana. Un cierre en falso intentado con una autocrítica difícilmente calificable como tal, pues Urkullu se centró en decir que lo que había fallado no era tanto la actuación de su Gobierno, sino la comunicación. El fallo, para el lehendakari, fue no tener un relato sobre los hechos, algo que quizá dice más de lo que nos pensamos acerca de toda una cultura política. No está de más recordar que, cuatro días después del derrumbe, sin haber dicho absolutamente nada al respecto, señaló a preguntas de la prensa que no sentía la necesidad de acudir al lugar.

Relatos al margen, las preguntas siguen siendo una infinidad. ¿Qué vertidos peligrosos están encontrando en la búsqueda? ¿Por qué no se avisó de inicio que había amianto para que los bomberos se protegiesen? ¿A qué responde la caótica y contraproducente comunicación acerca de las afecciones sobre la calidad del aire y el agua? Dos páginas, por desgracia, apenas dan para recoger cuatro grandes preguntas. Son estas.

¿Dónde van las toneladas de residuos industriales que tenían como destino Eitzaga?

Sabemos dónde van a ir los residuos derrumbados, pero no tenemos ni idea de dónde están yendo los residuos que antes tenían como destino Eitzaga. En su enésimo tropezón, la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, aseguró la semana pasada que los vertederos públicos de la CAV estaban dispuestos a recibir esos vertidos, pero la Diputación de Bizkaia y la Mancomunidad de Debagoiena, que operan tres de los cuatro vertederos públicos, desmintieron a la viceconsejera y aseguraron que no podrán acoger residuos extra a corto plazo.

En 2019, según cifras de Medio Ambiente, entraron al vertedero una media de 1.400 toneladas de residuos por día, lo cual quiere decir que, desde el 6 de febrero, más de 40.000 toneladas han sido vertidas en otras instalaciones, o sencillamente no han sido vertidas. ¿En cuáles? ¿En qué condiciones?

Ayer, demostrando que tenían mucha mayor capacidad de actuación de la que dice, la Consejería emitió una orden para reducir los vertidos y maximizar las operaciones de valorización de residuos, pero no acabó de explicar en qué se traduce esto. ¿en más incineración?

¿Qué normativas van a cambiar ahora?

Tal y como publicó GARA el pasado 19 de febrero, el marco legal en el que se escuda Lakua para echar la culpa de todo a la empresa se instauró a inicios de los 2000, cuando Josu Jon Imaz –al frente de la Consejería de Industria– comenzó a desregular la tutela directa de la Administración sobre actividades industriales con riesgo para la salud.

Una política acorde a los tiempos neoliberales de cambio de milenio, en los que viene reduciéndose la participación de la Administración en la actividad económica, dejando a menudo las labores de control y seguimiento en manos del sector privado, limitándose las instituciones públicas a un papel de facilitadores y notarios sin demasiadas ganas de investigar los detalles.

El propio Arriola se ha mostrado ahora dispuesto a cambiar normativas y recuperar cierto control en un sector de evidente interés público. Un mes después del desastre y a un mes de las elecciones, sin embargo, nadie ha explicitado qué es lo que piensan cambiar, ni si piensan realizar alguna crítica a la política desreguladora seguida durante al menos las dos últimas décadas.

¿Por qué han fallado los controles? ¿Alguien va a responsabilizarse de ello?

Aunque se ha repetido por activa y por pasiva que la información es transparente, resulta imposible encontrar en el Boletín Oficial del País Vasco un documento tan básico como la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de 2013 con la que operaba Verter Recycling 2002. Logrado por otros medios, ese documento pone de manifiesto numerosas irregularidades si se cruza con los residuos declarados por la empresa en 2018.

Arriola aseguró en el Parlamento que «no existe limitación legal» sobre el ritmo de llenado de los vertederos, pero la AAI establece de forma muy clara, por ejemplo, que en Zaldibar no se podía exceder la gestión de 70.000 toneladas de residuos metálicos al año. Solo en 2018 la cifra llegó a las 154.326. Y este no es más que un ejemplo. Al incumplimiento de la AAI hay que añadir los testimonios de transportistas y trabajadores, que hablan de un descontrol absoluto sobre los vertidos que se depositaban en Eitzaga.

En un escenario en el que la sobreexplotación del vertedero emerge como principal tesis para explicar el derrumbe, estos hechos revisten una gravedad evidente. Tanto la AAI como el listado de residuos recibidos de 2018 son documentos de la Administración. Es decir, Medio Ambiente, con la viceconsejera Moreno y el consejero Arriola al frente, tenían en su mano los datos que evidenciaban las irregularidades de Verter Recycling, pero nadie pidió cuentas a la empresa. ¿Fue incompetencia y no se detectaron? ¿O se detectaron y pese a ello no se hizo nada? Y sobre todo: ¿Va a asumir alguien responsabilidades políticas por ello?

¿Respetan el código ético del Gobierno de Lakua los responsables de gestionar la crisis?

Las informaciones surgidas al calor del derrumbe han sembrado dudas sobre la competencia política y comunicativa de algunos cargos públicos, pero también han lanzado sombras sobre otros perfiles. Destaca el del presidente de la Agencia Vasca del Agua URA, Ernesto Martínez de Cabredo, cuya vinculación empresarial con el dueño de Verter Recycling ha pasado sin pena ni gloria.

Nombrado por Arriola en 2016, Martínez de Cabredo sigue constando a día de hoy como presidente de Zubiarte S.L., una empresa sin actividad comercial desde hace años, pero que no ha sido liquidada, y en la que constan como administrador José Ignacio Barinaga Eguía, propietario de Verter Recycling y viejo conocido del propio Arriola, según afirmó en una entrevista. Dicho de otro modo, el responsable de medir las consecuencias del derrumbe del vertedero en la calidad del agua tiene una empresa con el dueño de dicho vertedero.

El Código Ético de Lakua establece de forma muy clara que «los cargos públicos y asimilados deben declarar todo interés público o privado que pueda obstruir o entorpecer el correcto ejercicio de sus funciones y darán los pasos necesarios para resolver cualquier conflicto de intereses, poniendo en conocimiento de los órganos competentes cualquier incidencia, por mínima que sea, de ese carácter». Repetimos, «por mínima que sea».

El caso de Martínez de Cabredo, de hecho, no es nuevo. En febrero de 2017 tuvo que declarar en el Parlamento porque, dos meses después de ser nombrado, seguía vinculado a siete empresas, la mayoría ligadas al sector de la Construcción –fue gerente de Amenabar durante dos décadas–. Es decir, una persona con una vinculación larga y duradera con el mundo de las constructoras es el responsable de una agencia pública que, según señaló el propio Martínez de Cabredo en el Parlamento, dedica el 75% de su actividad a adjudicar obra pública. Código Ético en mano, la pregunta sigue siendo pertinente. ¿Nadie en la Administración va a decir algo al respecto?

Un puzzle terrible

Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta, ni pueden ser contestadas a la ligera, pues si juntamos las diferentes piezas, el puzzle resultante resulta terrible. Sigue habiendo dos cuerpos bajo los escombros, y nuevos residuos sin destino conocido; tenemos una Administración pública que durante años ha ido abandonando la tutela efectiva y directa de las actividades industriales privadas con riesgo para la salud, dejando manga ancha a la iniciativa privada; esa Administración pública, a su vez, ha fallado a la hora de efectuar las labores de inspección y control que seguía manteniendo, ya que ha sido incapaz de actuar ante las graves irregularidades que constaban en la documentación que la propia empresa remitía. Y por último, ocurrido el desastre, comprobamos que en puestos relevantes de esa Administración pública hay situadas personas vinculadas a sectores privados con intereses en el ámbito en el que desempeñan su cargo público. No era esto lo que explicaban cuando hablaban de economía circular.

 

«Paro herritarra» deitu du Zaldibar Argituk martxoaren 12an, «erantzuleak mugi daitezen»

Eitzaga auzoan, zabortegitik metro gutxira, agerraldia egin zuen atzo Zaldibar Argitu plataformak, «gauza gehiegik argitu gabe» jarraitzen dutela salatzeko. «Ezin dugu ezer gertatu izan ez balitz bezala jokatu, oso larria izan da eta izaten jarraitzen du», herri ekimenaren arabera. «Erreala ez den normaltasuna eteteko» martxoaren 12an «paro herritarra» egitera deitu dute Zaldibarren, Eibarren, Ermuan, Elgetan eta Mallabian. 12.00etatik 15.00etara izango da geldialdia, 12.30ean izango dira lehen mobilizazioak eta 19.00etarako deitu dute mobilizazio bateratua, Eibar eta Ermu arteko biribilgunetik hasita.

«Erakundeak mugiarazteko» eta «Zaldibarkoa errepikatu ez dadin» deitu dituzte herritarrak kalera, eragile sozial eta sindikalei bat egin dezatela eskatuz. Mobilizazio egunean 12 puntuko aldarrikapen taula eginen dutela aurreratu zuten atzo.

Horrez gain, Zaldibar Argituk Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze «oraindik desagertuta» daudela gogorarazi zuen. Bi langileak gogoan, gaurko lore eskaintza antolatu dute, 18.00etan Eitzaga plazan.Ion TELLERIA