La irrupción dramática del nuevo coronavirus y la declaración del estado de alarma dejaron hace dos meses muchísimas cosas en stand-by, no apagadas pero sí en pausa, entre ellas la actividad docente, que dejó de ser presencial para ser telemática y que ahora, cuando los datos parecen halagüeños, algunos ven preparada no para regresar a la normalidad, pero sí para ir abandonando la excepcionalidad.

En ello está también el Departamento de Educación de Lakua, que ayer expuso a los agentes que representan a la comunidad educativa su plan para la vuelta a las aulas. Un proceso que, según explicó después en rueda de prensa la consejera, Cristina Uriarte, pretende ser escalonado y no afectará a todos los cursos, sino a los más «sensibles», en los que los alumnos y alumnas se juegan la obtención de un título o la promoción a estudios superiores. En concreto, anunció que el día 18 de este mes volverán a las aulas los alumnos de segundo de Bachillerato, primero y segundo de FP superior, y segundo de FP básica y de grado medio. Una semana después, el día 25, será el turno de los estudiantes de cuarto de ESO, primero de Bachillerato y primero de FP de grado medio; y el día 28, el de primero de FP básica.

El regreso a clase será obligatorio, salvo casos excepcionales, advirtió la consejera, que precisó, por otra parte, que si las condiciones sanitarias no permiten iniciar la vuelta el día 18 todos los alumnos y alumnas volverán el 25, la misma fecha en que reabrirán los centros educativos especiales y las áreas terapéuticas.

A preguntas de los periodistas, Uriarte descartó que los cursos inferiores a los citados retomen la actividad presencial, ya que, dijo, «se ha primado la seguridad de los más pequeños». En su caso se continuará con la formación telemática.

La titular de Educación, que sostuvo que estos estudiantes no requieren de transporte escolar, señaló de ellos que son «adultos», con lo que es factible dar clases con seguridad para la salud siguiendo las «normas de comportamiento e higiene».

Al respecto, detalló las medidas que se van a adoptar en los centros para evitar nuevos contagios. Indicó, por ejemplo, que las mesas de las aulas van a estar distanciadas en metro y medio, y que se van a establecer turnos para evitar aglomeraciones en el patio. Además, será obligatorio que estudiantes, docentes y resto de trabajadores lleven mascarilla, y cada centro deberá organizar las entradas y salidas escalonadas y, en el caso de contar con dos accesos, usarlos de manera unidireccional.

Uriarte también avanzó que a finales de mayo o principios de junio se recuperará parte del servicio de las Haurreskolak, que atenderán a bebés de hasta un año de edad cuyos padres y madres trabajen en tareas consideradas esenciales o que cuiden de personas dependientes.

Críticas de los sindicatos

El plan presentado por la Consejería de Educación suscitó críticas por parte de la mayoría de los sindicatos, tanto por la forma, pues acusaron al Ejecutivo de actuar de forma unilateral y sin contar con su opinión, como en su fondo. En este sentido, LAB hizo un llamamiento al «plante» si en el regreso a las aulas no se garantizan la salud y la seguridad. Esta central considera «imprescindible consensuar con la parte social», por tanto «con la representación de las trabajadoras y trabajadores», la planificación y organización del curso escolar. La central que dirige Garbiñe Aranburu explicó que han instado a Educación a negociar los planes de prevención antes de la apertura de los centros, porque de lo contrario cree «imposible garantizar la salud laboral». Asimismo, consideró necesario que haya EPI para todo el personal y el alum- nado de 4º de ESO, Bachiller y Formación Profesional que regrese a los centros, y recordó que el suministro de mascarillas «es responsabilidad de la Administración pública o del titular del centro de cada red».

En parecidos términos, Steilas, que también pidió que solo se reactiven las clases presenciales «cuando la salud del alumnado y de los trabajadores esté garantizada», consideró «sorprendente e irresponsable» que no se haya negociado el plan con los sindicatos y las direcciones de los centros públicos, ya que, indicó, «se trata de medidas que afectan directamente a las condiciones laborales del personal y a la organización de los centros». Esta central lamentó que la reunión con la Consejería había estado marcada «por el desconocimiento y la improvisación», de modo que muchas de sus preguntas quedaron sin respuesta, y concluyó que «sin duda, el Gobierno Vasco antepone la producción a la salud».

Más allá del ámbito sindical, Ikastolen Elkartea también expresó sus dudas respecto a lo escuchado en la reunión, y en una nota de prensa defendió que en ese proceso «se debe garantizar la participación y la actitud constructiva de los agentes educativos». En su caso, cuestionó por ejemplo la incorporación de cursos como primero de Bachillerato, primero de FP o cuarto de ESO, y también se preguntó sobre la necesidad de que adolescentes que han estado dos meses confinados tengan que volver a «una habitación cerrada, manteniendo las distancias de seguridad, sin moverse de la mesa y llevando mascarillas».