La Mesa del Congreso de los Diputados que se reúne este martes a las 10.30 tiene en su agenda la petición conjunta para crear una comisión de investigación sobre los GAL y citar al señalado por el informe de la CIA, Felipe González, además de al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Aunque nada menos que seis fuerzas del Congreso sustentan la solicitud (EH Bildu y PNV por parte vasca), no prosperará. Ello marca una diferencia reseñable frente a lo ocurrido en 1995.

25 años es un plazo que habitualmente en estados del entorno sirve para ir desclasificando documentos secretos. Es también lo que PP y PSOE dijeron estar dispuestos a asumir como tope para mantenerlos ocultos en el Estado español, cuando el PNV promovió la reforma de la Ley de Secretos Oficiales la pasada legislatura.

Y, sin embargo, un cuarto de siglo después no solo los papeles que pudieran arrojar luz sobre la guerra sucia en Euskal Herria continúan guardados bajo siete llaves, sino que la propuesta de investigación parlamentaria tendrá en el Congreso menos síes que entonces.

Hay que matizar sin más demora que en aquella ocasión la mayoría fue decantada por el interés político del PP, que votó sí para instrumentalizar las revelaciones de los GAL contra el Gobierno de González, en un año preelectoral. Tras la victoria de Aznar en marzo de 1996, e incluso ya antes, zanjó el tema.

En una auténtica carambola de la Historia, la verdad pendiente de los GAL ha vuelto a la esfera política justo un cuarto de siglo después de la identificación de los restos de Joxean Lasa y Joxi Zabala en una morgue de Alicante. En esta ocasión, obviamente ha sido sin tan tremenda conmoción mediática y con menos impacto político. Pero no deja de llamar la atención que 25 años después aquel expediente pendiente, causante de hasta 27 muertes, resulte aún más tabú que entonces para la mayoría parlamentaria.

El PSOE se opuso entonces a la comisión de investigación parlamentaria en el Congreso y el Senado y lo volverá a hacer ahora tras el tajante alegato de la portavoz, Adriana Lastra, en favor de González. La voz crítica de Eneko Andueza, líder del PSE en Gipuzkoa, no ha tenido correspondencia en otros ámbitos de un partido que tiene tres de los nueve votos en la Mesa de la Cámara Baja.

Por su parte, el PP dará al PSOE la mayoría necesaria en la Mesa del Congreso para cerrar el trámite a la solicitud. Así lo adelantó Pablo Casado el pasado miércoles en la Cámara. Y ha sido sintomático que pese a su furibunda oposición al Gobierno Sánchez ningún cargo del PP haya querido entrar actualmente en este tema. Por cierto, uno de los dos representantes del PP en este órgano es Adolfo Suárez Illana, conocido por su férrea defensa de los tótems de la transición que encarnó su padre, desde la Monarquía hasta la impunidad policial.

Completan la Mesa un representante de Vox y tres de Unidas Podemos, que el pasado viernes anunció que finalmente votará a favor de estas iniciativas tras exponer inicialmente lo contrario. La propuesta no pasará, por tanto, ese filtro, y no llegará al Pleno como sí ocurrió en 1995.

En aquella ocasión, además, el resultado fue bastante equilibrado. La propuesta de investigar los GAL sumó 161 votos (PP, Izquierda Unida, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto) frente la mayoría de 176 de PSOE y CiU. Aunque el PSOE que todavía lideraba Felipe González forzó votación secreta pensando que buena parte de los diputados del PP podrían eludir el sí, solo se registraron dos «fugas». Y en el Senado sí prosperó la misma propuesta, aunque por un solo voto de diferencia (128 a 127). EH Bildu también la llevará a esta Cámara, si bien tampoco tiene opciones de prosperar.

Ley de Secretos, contraataque

También este martes se reactivará otra vía que quiere poner algo de luz sobre toda esta guerra sucia nunca investigada realmente. El PNV anuncia que llevará de nuevo al Congreso su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales para acelerar la desclasificación de documentos, algo que lleva planteando desde 2016 frente a una norma franquista, de 1968.

La Cámara ha aceptado tramitarla en dos ocasiones, pero los grupos mayoritarios van ampliando los plazos y al final siempre queda en el limbo.

La efímera comisión del Senado (1995): llegó el teniente general... y el PP mandó parar

Desde la perspectiva anual, no deja de sorprender que el Senado pusiera en marcha una comisión de investigación sobre los GAL allá por 1995. Aunque lo que realmente da la señal de la realidad no fue su comienzo sino su final: apenas unas semanas después aquel foro se cerró abruptamente, al primer indicio de que en él podría acabar aflorando parte de la verdad de la guerra sucia.

La «culpa» la tuvo un teniente general de la Guardia Civil, el locuaz José Antonio Sáenz de Santamaría, que fallecería en 2003. Bastó la insinuación de que estaba dispuesto a contar en la comisión todo lo que sabía para que los trabajos se dieran por finalizados, con el impulso del mismo PP que les había dado luz verde.

La mochila de Sáenz de Santa María estaba cargadísima. Para empezar, procedía del franquismo. Además, a finales de los 70 y durante todos los 80 había tenido altísimas responsabilidades tanto en la Policía española como en la Guardia Civil e incluso el Ejército. Y entre tanto había sido delegado del Gobierno en la CAV en los «años de plomo»; se lo encomendaron tras el atentado de Ispaster que costó la vida a seis guardias civiles y a dos miembros del comando de ETA.

«Contra ETA se han usado iguales métodos con el PSOE que con la UCD», había apuntado en ‘El País’ unos meses antes, denunciando agriamente que la derecha estuviera usando la guerra sucia para tratar de superar electoralmente a Felipe González.

Dejó caer a ese sector avisos así: «La ideología de la derecha en aquella época, y ahora todavía, la resumía su jefe, don Manuel Fraga, con quien también trabajé, en una frase: ‘El mejor terrorista es el terrorista muerto’. Y hay otra frase que complementa la anterior: ‘Cualquier teniente de la Guardia Civil sabe lo que hay que hacer para acabar con ETA’. Pues no. Yo sostenía lo contrario. Un terrorista muerto da satisfacción. Un terrorista vivo, y detenido, da información. Es más práctico. Por naturaleza, soy enemigo de toda muerte violenta, mientras no sea estrictamente necesaria». Una argumentación que define al personaje.

La comisión de investigación del Senado se había aprobado en octubre, por un solo voto de diferencia. Fue Angel Acebes, el mismo que una década después trataría de achacar a ETA el 11-M, quien defendió desde el PP que la investigación parlamentaria no interfería con la judicial y que debían pasar por esa comisión cargos del PSOE como el exministro de Interior José Barrionuevo.

Cuando llegó la hora de votar las comparecencias, a principios de diciembre, contra pronóstico fueron rechazadas sistemáticamente. Y en apenas 48 horas el PP pasó a proponer la liquidación de la comisión, que el PSOE apoyó aliviado.

¿Qué había pasado entre tanto? No tardó en publicarse que Sáenz de Santa María se había reunido con dos enviados del PP y de la antigua UCD. El más conocido de ellos, el que fuera ministro de Gobernación tras la muerte de Franco, Rodolfo Martín Villa. El teniente general había avisado en esa entrevista a ‘El País’ de que «en la lucha contra el terrorismo, hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, no se deben decir. Y si se dicen, hay que negarlas». Les dejó entrever que quizás esta vez no iba a negar, sino a activar el ventilador.

El PP lo desenchufó inmediatamente. Y Sáenz de Santa María siguió amagando pero sin dar durante unos cuantos años más. Meses después, por ejemplo, declaró como imputado ante Baltasar Garzón por el «caso Oñederra», uno de los sumarios del GAL que entonces aún estaban vivos. Se limitó a exculparse y fue inmediatamente exculpado.R.S.