A fuerza de movilizaciones, los lunes se han convertido en el día de los jubilados y pensionistas. La demanda de unas pensiones dignas ha traspasado las filas de sus directos beneficiarios y se ha convertido en una petición compartida por toda la sociedad. Con tesón y determinación han logrado poner coto a los interminables recortes que los sucesivos Gobiernos españoles estaban aplicando a las pensiones públicas con la excusa de una crisis que estalló hace ya más de una década.

En la manifestación de Bilbo de ayer hubo, sin embargo, una importante novedad: junto a las asociaciones de pensionistas se manifestaron también los familiares de personas usuarias de las residencias. De este modo, a las habituales demandas sobre pensiones mínimas se unieron otras en las que se exigía unos servicios socio sanitarios de atención a la dependencia públicos, universales y dignos. Y es que los estragos que ha hecho la pandemia en las residencias han dejado en evidencia los múltiples peligros que acarrea para la vida y la dignidad de las personas una gestión meramente mercantil de un servicio de cuidados. Si bien es cierto que el actual modelo de residencias ha quedado en entredicho, también hay que constatar los importantes intereses involucrados en ese negocio, por lo que todavía será necesario hacer mucha fuerza para que se transforme en otro modelo mucho más humano, tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras.

La confluencia de la agenda de los pensionistas con la de las personas usuarias de las residencias es algo más que una suma de reivindicaciones: es una unión que, además de fortalecer ambas luchas, sitúa en la agenda política a las personas mayores con sus necesidades y sus aspiraciones. Han dejado de ser objetos de unas políticas diseñadas por otros, con el único fin de recoger sus votos, para transformarse en sujetos políticos que, poco a poco, están empezando a condicionar las políticas públicas.