Con una concentración silenciosa ante el Palacio de Nafarroa, en la que exhibieron carteles, en euskara y castellano, con el lema “Contra los recortes en educación concertada”, Sepna, UGT, LAB y ELA expresaron ayer su rechazo al acuerdo que el Ejecutivo de María Chivite estaba a punto de firmar con las patronales y con dos centrales –USO y CCOO– que solo cuentan con el 1% de la representación sindical en este sector.

Tal como informaron los primeros a los medios de comunicación, USO tiene 2 delegados y CCOO solo 1 de los 235 que hay en todo el herrialde. También recordaron que, con el apoyo de estos, el pasado mes de setiembre se prorrogó, hasta el 30 de junio, el acuerdo de la enseñanza concertada, que afecta a 2.800 trabajadoras y trabajadoras, y a 700 centros.

Laura Sanzol (Sepna) explicó que pidieron una nueva prórroga «para poder tener tiempo de hacer una negociación real», ya que la irrupción de la epidemia de covid-19 había colocado a todas las partes «fuera de todo este proceso».

Sin embargo, señaló, en este tiempo no se les ha llamado a ninguna reunión negociadora y se ha usado la situación sobrevenida por la pandemia «como excusa», tras lo cual el Departamento de Educación planteó «recortes en las condiciones laborales» y quiso «imponer un planteamiento regresivo de pérdida de algunas medidas ya implantadas».

Esa propuesta es la que rechazan Sepna, UGT, LAB y ELA, que consideran que tiene «dudosa legitimidad y legalidad» por su escasa representación, además de ahondar en el «ninguneo» y «expulsión» de la negociación de los sindicatos mayoritarios.

Aumenta la financiación

Tras la firma del acuerdo, Carlos Gimeno comparecía en rueda de prensa para defender la «mejora de las condiciones de trabajo» que, a su juicio, supone el nuevo marco consensuado con las empresas de enseñanza privada –sostenidas total o parcialmente con fondos públicos– y las ikastolas de Nafarroa, además de USO y CCOO.

En virtud del mismo, Educación destinará 139,2 millones a la red concertada, un 4,57% más que en el ejercicio anterior.

El consejero de Educación señaló que el Ejecutivo es consciente de que este acuerdo «no es mayoritario», pero resaltó que es de aplicación en todo el sector, ya que a la Administración le corresponde, como en otros casos, «establecer un marco de financiación y negociación», y que son las partes las que, en base a ello, deben llegar a un acuerdo