El antecedente de la Semana Trágica de Barcelona en 1909 se encuentra en el acuerdo de 1904 de la «Entente Cordiale» franco-británica, coherente con la política europea previa a la Primera Guerra Mundial de reparto del mundo, de dar vía libre a la penetración francesa en Marruecos. El gobierno conservador de Maura entró en este contubernio como patético monaguillo de los franceses.

En el Rif, región del norte del país de lengua y cultura amazig (bereber), los rifeños no se sentían concernidos por los acuerdos que el sultán pudiera haber concluido con las potencias europeas. Cuando se descubrieron aquí riquezas minerales, se concedió la explotación de sus minas de hierro a la Compañía Española de Minas del Rif, propiedad del conde de Romanones y de la familia catalana Güell.

Pero la concesión, que disponía de los territorios rifeños como si sus habitantes no existieran, fue rechazada por estos, quienes comenzaron a hostigar a los peninsulares que trabajaban en las minas. Las compañías concesionarias convencieron a Maura para desplazar tropas al Rif; la intervención de estas desembocó en la llamada Guerra de Melilla. La orden de movilización de tres divisiones incluyó la de los reservistas de los cupos de 1902 a 1907, muchos de ellos con esposa e hijos, lo que provocó incidentes en los embarques de las tropas, sobre todo en Barcelona. Los rifeños derrotaron una expedición que al extraviarse por culpa de los mandos fue a internarse en el Barranco del Lobo, donde fueron masacrados. A la impericia de los mandos se sumaban las desastrosas condiciones físicas y morales de las tropas.

Solidaritat Catalana, alianza electoral creada en 1906 por la Lliga Regionalista (catalanista), el carlismo, y algunas agrupaciones republicanas, logró en las elecciones de 1907 40 de los 44 diputados posibles, oponiéndose frontalmente a las grotescas hazañas bélicas del Rif. Pese a ello, los embarques comenzaron en Barcelona el 10 de julio. El 18 de julio, los soldados del Batallón de Cazadores de Reus arrojaron al mar los escapularios que les habían entregado las piadosas damas de la aristocracia barcelonesa a fin de confortar sus almas si debían perecer sus cuerpos; mientras que hombres y mujeres gritaban desde los muelles: «¡Abajo la guerra, que vayan los ricos, todos o ninguno!».

El 22 de julio Solidaritat exigió la reunión inmediata de las Cortes; pero el gobernador civil de Barcelona prohibió su reunión del 24 de julio que iba a proponer la huelga general. Esta se inició el 26 en los barrios periféricos, de donde los obreros se trasladaron al centro; pese a que el capitán general de Cataluña declaró el estado de guerra, Barcelona quedó paralizada, e incomunicada del exterior por ferrocarril, telégrafo y teléfono. La huelga se extendió a muchas otras localidades catalanas.

El clero, acérrimo defensor (excepto en el País Vasco) de las clases dominantes, fue blanco del odio popular. Ese mismo día ardió el primer edificio religioso en Pueblo Nuevo, extendiéndose los incendios a Badalona, San Feliu de Guixols... Pero del 21 de julio al 1 de agosto, unos 10.000 soldados fueron ocupando la ciudad de Barcelona a partir de las Ramblas y el puerto; su superior fuerza bruta hizo decaer la insurrección.

El balance de la Semana supuso un total de 78 muertos (de ellos, tres militares), medio millar de heridos, y 112 edificios incendiados, de ellos ochenta religiosos. El gobierno de Maura inició una represión cruel y arbitraria, deteniendo a millares de personas, con 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y cinco condenas a muerte; se clausuraron los sindicatos y se cerraron las escuelas laicas. El más conocido de los ejecutados fue Francisco Ferrer, pedagogo anarquista respetado por todos y cofundador de la Escuela Moderna. Historiadores contemporáneos calificaron las pruebas contra Ferrer de «escasas e insuficientes».

En París, Roma, Lisboa, Buenos Aires, se gritaba en las manifestaciones «contra España y los curas». En Génova, los trabajadores portuarios se negaron a descargar barcos españoles. El Partido Liberal español aprovechó la ocasión para promover, junto a los republicanos y los socialistas, una campaña presidida por el lema de “Maura, no”. Cuando el 27 de octubre Maura presentó su dimisión protocolaria a Alfonso XIII, este, dejándole estupefacto, se la aceptó, Antes, el rey había manifestado a un diario francés que «de dar oídos a ciertos franceses, parecíamos un país de salvajes»; pero añadió a la defensiva que «ni siquiera tengo la iniciativa del indulto».

Existe, pues, un hilo conductor que muestra cómo en el último largo siglo, con motivo de la Semana Trágica de 1909, del Procés de 2017 con el procesamiento del president Puigdemont, y de la inhabilitación del president Torra de 2020, los poderes del Estado español han recurrido al eterno retorno de la represión frente al deseo de libertad, democracia y autogobierno de un pueblo laborioso y culto como es el catalán.