Ocho meses después de que colapsara el vertedero Verter Recycling 2002, provocando el derrumbe de más de medio millón de toneladas de residuos que sepultó bajo tierra a los trabajadores Joaquín Beltrán –aún desaparecido– y Alberto Sololuze, los agentes que conforman la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y la plataforma Zaldibar Argitu anunciaron que se presentarán como acusación popular en el juicio contra la empresa. Aún se desconoce la fecha en la que se iniciará y esperan tener novedades una vez se personen como acusación popular.

«Hoy hemos acordado que la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hagan una comparecencia conjunta, ya que es hora de llevar a los juzgados la preocupación y la fuerza mostrada en la calle», explicó Ianire Lazkano, portavoz de Zaldibar Argitu. Una treintena de personas, bajo el lema “Para exigir responsabilidades, adelante la acusación popular”, se acercó hasta el Palacio de Justicia de Durango a apoyar la iniciativa popular.

«Creemos que, por compromiso de país y por la gravedad del hecho, la voz de los ciudadanos debe estar presente en el juicio desde una mirada que favorezca el interés general», remarcó Lazkano, recordando que todavía siguen sin depurar sus responsabilidades tanto los propietarios de la empresa como las instituciones públicas.

Consideran que es imprescindible «la depuración de responsabilidades concretas ante esta catástrofe humana, ecológica y social y la información transparente sobre lo que ha ocurrido» para que no vuelva a ocurrir.

Para hacer frente a los gastos que tendrá el juicio, pondrán en marcha una campaña de recaudación para que la ciudadanía pueda aportar en la medida y forma que pueda. «Que la ciudadanía tenga voz propia en todo este proceso será muy importante», insistió.

Cambio de modelo

«Exigir garantías para que no vuelva a suceder» es uno de los objetivos de esta acusación popular que está tratando de articular «la protección económica, social y política», tal y como señaló Edurne Larrañaga (LAB) en nombre de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, para así poder señalar jurídicamente las carencias estructurales del sistema y defender «la verdad y la justicia».

También en nombre de la Carta de Derechos Sociales, Ainhara Plazaola (ELA) incidió en que hay que cambiar «el modelo de producción, de consumo y la gestión de residuos».

«La empresa que gestiona el vertedero, Verter Recycling, ha tenido solo una prioridad: la de hacer negocio y ganar dinero por encima de la salud de los trabajadores y de las personas que viven alrededor», criticó.

Además de la empresa privada, creen que el Gobierno de Lakua tampoco cumplió con su cometido tal y como es debido, por ejemplo, en lo que respecta al sistema de control del vertedero. Sostienen, además, que tras aquel fatídico 6 de febrero «ha estado escondiendo información, sin haber depurado las responsabilidades políticas que debería haber depurado».

«Los trabajadores, los ciudadanos y el medio ambiente nos merecemos un pueblo sin grupos clientelares que hagan negocio a costa de todos. No les dejemos volver a actuar de la misma manera que antes, lavándose las manos como si nada hubiera pasado», recalcó Ianire Lazkano.