El de ayer fue un buen día para los ciudadanos vascos al sur de los Pirineos. El derecho a morir dignamente se plasmó, por fin, en una ley que regula la eutanasia. Paralelamente, los ciudadanos catalanes se encontraron con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que parece tumbar definitivamente el modelo de inmersión lingüística.

Pasando olímpicamente de la realidad lingüística catalana y estimando parte del recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, el TSJC considera que el uso del castellano es «residual» en las escuelas y obliga a que al menos el 25% se imparta en castellano, lo que se traduce en al menos una asignatura troncal no lingüística. Por si queda algún despistado fuera de los muros del TSJC: es el catalán el idioma que se encuentra socialmente en retroceso en Catalunya.

Ambas noticias condensan, de alguna manera, lo ocurrido en el Estado español con dos raíles –hay más– que partieron de un mismo punto en 1978, y que han venido tomando direcciones bien distintas. Con todas las resistencias de una derecha que ha perdido el disimulo y la vergüenza, hay un carril social que ha vivido avances de calado estas cuatro décadas. La Constitución puso un punto de partida a una serie de derechos que, ley a ley, desde el aborto al matrimonio homosexual, pasando por esta última ley de eutanasia, han ido ampliándose. Muchos creyeron que aquella Carta Magna era también un punto de partida en cuanto a la capacidad de catalanes, vascos y gallegos de gobernarnos a nosotros mismos, pero es difícil que alguien lo siga defendiendo. Para el Estado, aquello fue un punto de llegada, un tope a partir del cual solo cabe esperar una involución. Lo demostró el Estatut, y lo vuelve a poner de manifiesto el ataque a una inmersión lingüística que ha funcionado sin problemas durante 40 años. Los logros de un gobierno progresista –importantes, bienvenidos y necesarios– no logran esconder el marco regresivo que domina las estructuras del Estado español.