Condenada a cinco años de cárcel la activista saudí Lujain al Hazlul
Un tribunal de Arabia Saudí condenó ayer a cinco años y ocho meses de cárcel a la destacada activista Lujain al Hazlul, una de las caras más conocidas de la campaña para lograr que las mujeres tuvieran derecho a conducir, tras declararla culpable de cargos de «terrorismo». El tribunal desestimó las denuncias de torturas de Al Hazlul.
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La destacada activista saudí Lujain al Hazlul, detenida en mayo de 2018, fue condenada ayer en primera instancia por un tribunal a cinco años y ocho meses de cárcel.
El Tribunal de Sanciones de Ryad condenó a la activista por «servir a una agenda externa al reino usando internet con el fin de perjudicar el sistema público, además de colaborar con un número de personas y entes que cometieron actos criminales de acuerdo con la ley de terrorismo», según el periódico saudí “Okaz”. El fallo subraya que Al Hazlul confesó «sin coacciones» y agrega que dos años y diez meses de la condena quedan suspendidos, debido a que es el periodo que lleva encarcelada, si bien tendría que cumplirlos en caso de que «cometa otros crímenes» durante los próximos tres años, según el portal saudí de noticias ‘Sabq’.
La familia de la activista indicó que, tras su próxima liberación, Lujain estará en libertad condicional durante tres años, «durante los cuales podría ser arrestada por cualquier actividad que sea percibida como ilegal», y no podrá salir del país durante cinco años.
Además, adelantó que apelará la sentencia y pedirá otra investigación por las torturas. El veredicto ha sido emitido menos de una semana después de que el tribunal desestimara las acusaciones de tortura presentadas por la activista.
Durante su detención, varias ONG han denunciado que Al Hazlul ha sufrido abusos sexuales, torturas y amenazas por parte de las autoridades saudíes, que la tienen retenida en régimen de aislamiento desde principios de este año.
Al Hazlul, de 31 años, fue detenida en mayo de 2018 junto con otras activistas. La mayoría de ellas hacían campaña por el derecho de las mujeres a conducir en el reino, que fue garantizado un mes más tarde, y fueron acusadas ante un tribunal de delitos de «terrorismo». A Al Hazlul se le imputó mantener contactos con individuos y entidades «hostiles» a Arabia Saudí y reclutar a funcionarios para obtener información confidencial.
El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas reclamó a principios de noviembre a las autoridades saudíes que liberaran a la activista y pidió a Ryad que garantice sus derechos ala vida, la salud, la libertad y la seguridad.
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