El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó, tras recibir las alegaciones de la Fiscalía y de la Generalitat, la suspensión del decreto del Govern que aplazaba las elecciones al Parlament al 30 de mayo, con lo que provisionalmente los comicios se mantienen el 14 de febrero.

En su auto, la Sección 5 de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC decide mantener las medidas cautelarísimas que dictó el martes, por las que suspendía el aplazamiento electoral, a la espera de resolver en su sentencia, que dictará antes del 8 de febrero, sobre los recursos presentados contra el decreto del Govern.

Con esta decisión, que sigue el criterio de la Fiscalía, el tribunal mantiene la medida ya adoptada de forma cautelarísima –sin oír a las partes– el martes, que implica suspender el aplazamiento de las elecciones que el Govern fijó para el 30 de mayo.

La Sala acordó acortar los trámites de la demanda «por razones de urgencia» y, en lugar de los ocho días habituales, ha dado a las partes cuatro días para presentar más documentación y argumentos para la sentencia definitiva, que prevé dictar, como máximo, el 8 de febrero.

Los magistrados ayer solo comunicaron la decisión y prevén publicar hoy la resolución íntegra con sus argumentos. La Sala advirtió de que los posibles recursos que las partes presenten contra esta decisión no tendrán efectos suspensivos, por lo que igualmente seguiría vigente la convocatoria para el 14F.

En sus alegaciones presentadas ayer, la Generalitat argumenta que actualmente hay «una situación epidemiológica crítica» que hace que los protocolos de seguridad no sean suficientes «para garantizar la protección de la salud pública» y recuerda que hay un estado de alarma vigente que implica la obligación de restringir la movilidad de las personas para reducir los contagios.

La consellera de Justicia, Ester Capella, señaló que el Govern no se plantea ahora mismo emitir un nuevo decreto porque considera que es perfectamente legal y que está avalado por argumentos fundamentados

Inhabilitación de Solé

La decisión de mantener la fecha del 14F trascendió en paralelo a la condena de un año de inhabilitación y una multa de 16.800 euros impuesta también por el TSJC al conseller de Exteriores, Bernat Solé, de ERC, por un delito de «desobediencia grave».

Le responsabiliza por haber facilitado la consulta del 1-O en Agramunt (Lleida) cuando era su alcalde y diputado del Parlament, un fallo que fue denunciado por el Govern en pleno.

La defensa de Solé dispone de cinco días para recurrir en casación ante el Supremo.

En su sentencia, el TSJC considera que el alcalde desoyó la orden del Tribunal Constitucional (TC) de impedir el 1-O y participó de forma «activa y decidida en el desarrollo y buen fin» del referéndum, asumiendo «responsabilidades logísticas» durante la jornada de votación.

Los magistrados creen probado que Solé conocía directamente pronunciamientos del TC sobre la convocatoria de la consulta y, «por tanto, de la advertencia de incurrir en delito de desobediencia si no se abstenía de implementarla».

Solé aseguró ayer que no tiene intención de dejar por el momento su cargo, sino que prevé «defenderse», mientras que ERC anunció que recurrirán la sentencia.