El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó ayer que la campaña catalana no ha comenzado en balde: los catalanes tendrán urnas el próximo 14 de febrero. Quizá sea la expresión última del gobierno de los jueces que sigue tutelando Catalunya más de tres años después del otoño de 2017: ni cuándo celebrar elecciones está en manos de los representantes de la ciudadanía. Los jueces tumbaron ayer definitivamente el aplazamiento decretado por el Govern con el apoyo de la mayoría de partidos, no así del PSC, cuyo candidato, Salvador Illa, acapara las esperanzas del unionismo de hacerse con el Palau de la Generalitat. Por parte de las instancias estatales, todo serán alfombras rojas para la candidatura del exministro, igual que ocurrió con Arrimadas y Ciudadanos en 2017.

Con todo, sin ignorar esta realidad, no parece que lamentarse demasiado por la imposición de unas elecciones sea lo más práctico para un movimiento independentista que ha hecho de las urnas uno de sus principales reivindicaciones a lo largo de la última década. Además de contrarrestar la operación que el Estado trata de llevar a cabo con la candidatura de Illa, que conviene recordar que no ha sido un buen ministro de Sanidad, los partidos soberanistas tienen el estimulante reto de superar la barrera del 50% de los votos, algo que, pese a las amplias mayorías parlamentarias obtenidas, no han logrado todavía.

Ambos objetivos pasan por la movilización de un electorado con razones para estar cansado de las disputas cainitas dentro del soberanismo. La abstención, posiblemente agravada por el pico de ingresos hospitalarios de la tercera ola, es una amenaza para todos. Pero paradójicamente, la irrupción de Illa puede ayudar a reconstruir una base común entre independentistas. La fotografía de los presos políticos de Lledoners –a la que hay que sumar la de Dolors Bassa–, en libertad tras otorgarles la Generalitat el tercer grado, puede ejercer de guía y estímulo.