La entrevista hoy en estas páginas a Julen Zabalo, miembro del comité científico de Naziometro, resume los claroscuros actuales de la cuestión del derecho a decidir de Euskal Herria. Los primeros resultados del barómetro también reflejan pros y contras. Sitúan una cuestión demasiado dada a ciclotimias: sin salir de este siglo, ni la materialización del derecho a decidir estaba cerca cuando el Parlamento de Gasteiz aprobó el Plan Ibarretxe en 2004 o Gure Esku Dago llenó las carreteras en 2014, ni resultaba una quimera tras el portazo del Congreso en 2005 o el estrangulamiento del «procés» en 2017.

Es notorio, eso sí, que la pandemia ha sepultado momentáneamente este debate en Euskal Herria. El virus paró en seco la actividad social días después de que Gure Esku Dago lanzara la campaña de recogida masiva de firmas por un referéndum, mantiene aletargado el debate sobre el Nuevo Estatus en el Parlamento de Gasteiz y tiene en stand by la mesa de diálogo en Catalunya. Pero basta mirar al entorno para constatar que la metáfora del tren que se escapa es irreal; Escocia o la propia Catalunya, Irlanda o la Nueva Caledonia que ha votado hace tres meses, confirman hoy que el derecho a decidir de los pueblos es como la materia, no se crea ni destruye, solo se transforma.

Se trata primero de mantener viva la llama y después encontrar el modo y el momento. Y aquí hay una mala noticia para los detractores del derecho a decidir: entre las cosas que ha evidenciado esta pandemia, la dimensión de la falta de soberanía es una de las más relevantes. No es ya que este país no haya podido decidir sus medidas de respuesta; ni siquiera ha sido capaz de acceder prioritariamente a los materiales que produce o de mantener abiertas sus fronteras internas. Y en la post-pandemia la soberanía será aún más imprescindible; la crisis sistemática que ha hecho aflorar la covid-19 exige un modelo alternativo mucho más fácil de construir desde una Euskal Herria libre que desde los designios de Madrid y París.