En nuestro municipio personas sin hogar como Arthur, Matilde o Jesús ponen cara a las formas más visibles y crudas de la exclusión social. Su situación es la punta del iceberg de la vulneración del derecho a una vivienda digna que sufren muchas personas, que además suele verse agravada por otros factores añadidos como son la falta de arraigo y de red social, los problemas físicos o de salud mental, los consumos, el deterioro cognitivo o la mayor vulnerabilidad y exclusión que suelen padecer las mujeres.

En 2014 el Parlamento Europeo aprobó una declaración instando a la Comisión Europea a elaborar sin demora una estrategia europea para las personas sin hogar. En 2015, el Estado español aprobó la Estrategia Nacional para las Personas Sin Hogar. También en la CAV se suscribió en 2018 un acuerdo interinstitucional para una Estrategia Vasca para Personas sin Hogar. Dichas estrategias no parecen haber sido capaces no ya de erradicar, ni siquiera de aminorar esta problemática social.

En Gipuzkoa, un informe realizado por el SIIS en 2019, apuntaba que en el ámbito de los servicios sociales para la inclusión social se han puesto de manifiesto algunas dificultades importantes, entre otras, la carencia de un modelo común y compartido de intervención; desequilibrios en el despliegue territorial de recursos; restricciones económicas; dificultades en la delimitación de funciones entre la atención primaria (de responsabilidad municipal) y la secundaria (de responsabilidad foral); ausencia de fórmulas estables de coordinación y cogestión; y falta de liderazgo para la articulación del sistema. También se apuntaba la necesidad de aplicar nuevos paradigmas que se vienen desarrollando.

Para los ayuntamientos que hacemos una apuesta política clara por garantizar vidas dignas y derechos a quienes han elegido nuestros municipios como lugares de residencia a pesar de no tener una vivienda, estas carencias y debilidades se han visto agravadas por varios motivos:

1. Con la covid-19, además de que se ha complicado el poder estar en calle y la demanda de techo ha crecido, las limitaciones de aforo han hecho que en los recursos habituales no se pudiera responder a todas las necesidades. Hasta la llegada de la covid-19, con Belabaratz, con veintitrés plazas y camas supletorias para cuando se activaba el protocolo del frío garantizábamos un recurso a toda persona que lo requiriera. Con la covid-19 esas plazas pasaban a ser trece. Por ello, ahora mismo estamos respondiendo a las necesidades que tenemos con Belabaratz (veintinueve plazas) y cinco viviendas de alojamiento temporal (dieciséis plazas) en las que se aloja a personas con mayores habilidades sicosociales, pero que precisan también de acompañamiento profesional. Estas plazas están todas ocupadas y contamos con camas supletorias, para atender cualquier urgencia o nueva necesidad que pueda surgir. Por tanto, ahora mismo, estamos dando cobertura al doble de personas respecto a tiempos pre-covid-19.

2. Cada vez son más las personas sin hogar que no transitan sino que deciden permanecer durante períodos largos en un mismo lugar y ello requiere de una intervención social de mayor intensidad. Su permanencia nos obliga y a la vez nos brinda la posibilidad de conocerles, vincular, valorar y entender cada situación e iniciar una intervención social que pueda mantenerse en el tiempo. Necesitan una vida diaria, hay que ofrecerles actividades y talleres, para posibilitar que no tengan que estar necesariamente en la calle todo el día, mejorar su calidad de vida y la convivencia en el municipio. Pero esto, a su vez, exige recursos más allá de ofrecerles alojamiento en albergues o viviendas a las que puedan ir accediendo. Exigen tener profesionales que valoren, planifiquen y acompañen en cada itinerario de intervención. Exige también nuevos recursos, como centros de día de muy baja exigencia y de reducción de daños para evitar el deterioro en determinados casos, y talleres ocupacionales específicos que faciliten la inclusión social en otros.

3. Entre las personas en situación de calle hay enfermedades de salud mental o discapacidades psíquicas que deben ser tratadas en coordinación con el área de salud. Y lo cierto es que tenemos casos en que, a pesar de haber acudido a los juzgados y a las instituciones sanitarias, nadie parece querer hacerse cargo. Esto, además de ser insostenible para los servicios sociales de un municipio, genera situaciones de desamparo y peligro para esas mismas personas y para la convivencia de un municipio.

Bien es sabido que los ayuntamientos, siendo como somos la institución más próxima a la ciudadanía, somos a quienes se nos reclaman respuestas en los municipios al margen de quién sea la administración competente. Y somos también quienes si queremos ser garantes de derechos, más rápidamente nos adaptamos, cubriendo incluso los fallos del sistema. Esta es la situación en cuanto al sinhogarismo: estamos cubriendo, de manera desigual, lo que un sistema débil y con carencias no cubre con los recursos humanos y económicos propios de un ayuntamiento.

Como ayuntamiento comprometido con la erradicación del sinhogarismo, quisiéramos que se abriera un espacio interinstitucional para reflexionar y decidir sobre cómo articulamos una política territorial coordinada, territorialmente equilibrada y socialmente eficaz, que incorpore una estrategia preventiva clara. Necesitamos una apuesta más decidida por parte de la Diputación Foral, una mayor implicación de otras instituciones en el abordaje de esta realidad social y un apoyo político, técnico y económico más decidido a los ayuntamientos. Porque nos enfrentamos a una realidad social de muchísima vulnerabilidad, con visos de ser creciente, cuya dimensión futura será reflejo del tipo de sociedad que queramos ser y que además otros países nos están demostrando que se puede combatir.