Han pasado diez meses desde la declaración del primer estado de alarma. Esta situación excepcional supone para las policías cargas de trabajo añadidas a sus labores cotidianas, ya que deben velar por el cumplimiento de medidas –a menudo cambiantes– relativas a la seguridad, la salud pública, la movilidad, el consumo, etc. Y lo hacen en una sociedad estresada, sometida a una gran incertidumbre y a riesgos psicosociales enormes. Persisten y se agravan además problemas derivados de la situación socioeconómica.

En este marco hay que incorporar también una valoración sobre la gestión política de la pandemia en la CAPV, una gestión que no está a la altura de las lecciones que nos dejaron los primeros meses del estado de alarma: la centralidad de la vida, los cuidados y las personas que cuidan, o la importancia de los servicios públicos. Pasados unos meses, el Gobierno Vasco ha tomado una decisión radical y en la peor dirección: gastar lo mínimo posible, con lo que esto supone: desprotección de los colectivos más desfavorecidos y golpeados por la crisis, así como de las pequeñas y medianas empresas y autónomos; infradotación de los sistemas de vigilancia y control de la pandemia, así como de las redes de atención primaria, las residencias de ancianos, los hospitales, la ayuda a domicilio y los servicios públicos en general... todas ellas fundamentales en estos momentos, como lo demuestra la creciente conflictividad laboral, y ausencia de diagnósticos rigurosos sobre las consecuencias físicas, emocionales y mentales que la pandemia está teniendo en toda la sociedad, así como en colectivos muy concretos, sean por edades (la juventud y la tercera edad), renta, género, nacionalidad, etc.

Nuestros gobiernos están renunciando a tomar las medidas más adecuadas (ahí está por ejemplo la gestión de las navidades); tratan además de minimizar los costes políticos y moralizan sobre la responsabilidad individual, mientras se corre una cortina de humo sobre los elementos centrales de la gestión pandémica. Esta cortina de humo se alimenta, hasta el agotamiento, con el enfoque mediático sobre una parte mínima de la ciudadanía que incumple, de manera más o menos grave, una normativa excepcional.

Todo esto tiene consecuencias importantes en la labor policial. Y junto al estrés añadido que los agentes están viviendo –igual que el resto de trabajadores de sectores esenciales y/o públicos– se plantean además los derivados de tumultos, disturbios o agresiones. Desde un punto de vista operativo y de modelo, ante estas situaciones, una acción policial que respete al máximo los derechos y la integridad de las personas requiere operativos con más agentes y una gran capacitación profesional. Por el contrario, los métodos basados en el uso de la fuerza y el armamento son a menudo más baratos y «eficaces» en el objetivo disuasorio inmediato, no así, evidentemente, en el largo plazo y en términos sociales y de convivencia.

ELA subraya, en este momento, la importancia de que la sociedad asuma íntegramente las directrices sanitarias y de seguridad que emanan de los poderes públicos. Y condena, en este sentido, los comportamientos individuales y grupales que violan esas directrices, así como las agresiones de que son objetos agentes y funcionarios públicos.

La defensa de estos colectivos no consiste en jalear a un cuerpo policial por el solo hecho de serlo e independientemente de sus actuaciones, como están haciendo nuestros gobernantes y el sindicalismo corporativo. La labor policial, en democracia, solo puede prestigiarse si incorpora mecanismos rigurosos de rendición de cuentas ante la cadena de mando, el Ejecutivo, el Parlamento y en general ante las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, como el Ararteko. En este sentido, ELA exige que se investiguen determinadas actuaciones policiales de estos días que han incorporado el uso de la fuerza, incluidas las órdenes de los mandos, las no conocidas por el gran público, y también las que han sido reproducidas en las redes sociales, especialmente preocupantes.

ELA rechaza de plano los mensajes que sindicatos corporativos de la Ertzaintza están trasladando a las comisarías y a la sociedad. En concreto, están abundando en dos mensajes que consideramos especialmente irresponsables y peligrosos. Por una parte, señalan a algunas formaciones y líderes políticos como responsables de los altercados. Por otra, plantean que se procese por delitos de odio a ciudadanos que son críticos o increpan a la Ertzaintza.

Los delitos de odio no están definidos para acallar la crítica social. Por lo demás, la libertad de expresión ampara que la ciudadanía pueda increpar y hasta decir cosas injustas o de mal gusto. Lamentamos profundamente que el sindicalismo corporativo persista en seguir alimentando los elementos más odiosos de una subcultura policial que creíamos ya superada.

Durante años las sucesivas administraciones autonómicas han combatido de diversas maneras al sindicalismo de clase que ELA representa en la Ertzaintza. En coyunturas como la actual, es más evidente aún hasta qué punto el sindicalismo corporativo puede ser funcional al poder político, poniendo el foco en las faltas y delitos de una parte minoritaria de la ciudadanía, y contribuyendo a espesar la cortina de humo sobre la gestión política de la pandemia.

ELA rechaza la utilización política que el lehendakari y otros responsables políticos están haciendo de los altercados, alimentando y tratando de sacar tajada política de una batalla del relato que no hace justicia a la realidad actual de la convivencia social y política en nuestro país.

Ser policía es un reto en lo cotidiano, y lo es más en esta pandemia. Lo que ha sucedido estos días plantea un reto muy claro a los agentes políticos y sociales y a las instituciones y poderes públicos: urge un debate sosegado y profundo sobre modelo policial, y urge dotar adecuadamente a los servicios públicos. Nosotras y nosotros queremos hacer ese debate. Lo necesitamos.