La mayoría absoluta que conforman los parlamentarios del PNV y PSE aprobaron ayer los primeros presupuestos de la legislatura, después de rechazar todas y cada una de las enmiendas presentadas por la oposición. Nada positivo encontraron en las propuestas por el resto de grupos. Con esa postura la coalición, tal vez, haya querido dar una imagen de fortaleza, pero la impresión que queda es de imposición y poca voluntad de acuerdo. La movilización fuera del Parlamento de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria mostró que tampoco han logrado el apoyo de las fuerzas sociales y sindicales.

El presupuesto de 12.442 millones de euros es, en términos absolutos, el más alto de esta institución, sin embargo, apenas supera en un 2,5% al último presupuesto actualizado. Poco bagaje para superar una situación excepcional como la actual, sobre todo, cuando Europa ha levantado, por primera vez en mucho tiempo, los límites al gasto público. Aunque a veces, los límites no son externos, sino internos. Así, por ejemplo, el presupuesto de Osakidetza apenas sube un 1,6% con respecto al previo a la pandemia. En teoría había margen para subirlo más, pero enseguida vienen a la memoria los lamentos de Nekane Murga por que no encontraba médicos que contratar. Cuando durante años se mantiene una situación precaria y se trata mal a los profesionales, estos acaban por marcharse; y el resultado es que aunque se quiera contratar a más personal, ya no se puede. Mantener y mejorar el estado de bienestar es siempre el resultado de una política a largo plazo y el presupuesto de este año refleja la impotencia de un Ejecutivo que ha menospreciado a los servicios públicos esenciales.

Pero no todo son maltratos. La OPE de la Ertzaintza –con amplio despliegue publicitario incluido– y ahora el adelanto en el turno de vacunación de sus agentes indican que hay departamentos que el Gobierno sí cuida con visión de futuro. Pero el orden de prioridades que se adivina detrás de todo esto es terrible para este país.