Con la decisión del Gobierno Central de vacunar a militares, guardias civiles y policías antes que a enfermos crónicos estamos ante una disposición que tiene que ver con la eugenesia. Una medida dirigida contra la población más vulnerable. Para quien no lo sepa, la eugenesia consistió en una serie de acciones políticas que se tomaron durante el nazismo, dado que Adolf Hitler afirmó que «las vidas de los enfermos son indignas de ser vividas», encaminadas a eliminar personas de manera selectiva. Lo mismo ocurre con quienes están hospitalizados por patologías previas o enclaustrados en sus casas que, por lo visto, el gobierno considera que son indignos para continuar con vida.

Quienes están muriendo en las UCI, las cientos de víctimas que tenemos a diario, no se componen de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quienes están muriendo en los hospitales son fundamentalmente personas ancianas y pacientes con patologías crónicas: asmáticos, diabéticos, enfermos cardiovasculares, pacientes con enfermedades de pulmón y riñón, gente con cánceres. ¿Por el hecho de tener una enfermedad previa no merecen ser vacunados? ¿Es preferible dejar morir a «los improductivos»? ¿De verdad la vida de un militar en un cuartel es más válida que la de un paciente en diálisis?

Tras estas decisiones, a mi juicio inhumanas, hay una intención perversa. El objetivo es quitarse de delante a la población enferma. Y lo peor de todo es que no se está escuchando protestar ni a los propios facultativos ni a las organizaciones de pacientes, incluidas las asociaciones de personas con discapacidad. Esto es lo que pasa cuando las plataformas sociales que dicen defender a los más vulnerables quedan en manos de expolíticos, que a la hora de la verdad asisten en silencio a este rosario de muertes sin decir ni media palabra, sin pronunciarse ante lo que es un genocidio silente.

Si las organizaciones en defensa de los pacientes y de las personas con discapacidad, si el propio personal facultativo no se revela ante lo que es una decisión que atenta contra los derechos humanos, si no se blande el juramento hipocrático, poco nos queda por hacer a quienes llevamos confinados desde marzo del 2020. Quizá acudir a los tribunales en defensa del derecho a la vida. Pero no puede constituir esta acción un hecho aislado, debiera haber, por tanto, demandas colectivas de todos los grupos de alto riesgo contra lo que es a todas luces miseria moral y delictiva –la omisión de socorro a todos estos pacientes–. Con esta posición gubernamental se le da la extremaunción a cientos de miles de enfermos para contentar al Ejército y a los cuerpos policiales, sí, a esos mismos que querían fusilar a veintiséis millones de españoles. Lo que ocurre es que aquí hay alguien que se quiere ahorrar las balas.