El incremento de las muertes en prisión por motivos no naturales y relacionadas con el coronavirus se da en medio del hermetismo y ocultamiento sistemático de las mismas. La suspensión de las comunicaciones con familiares y amistades; la consideración como grupo de riesgo a vacunar prioritariamente al funcionariado penitenciario y no tanto a las personas presas; la situación en muchos reclusorios, y departamentos carcelarios, de masificación, hacinamiento, humedad, suciedad, celdas pequeñas compartidas y, en general, las condiciones de vida infrahumanas que facilitan la transmisión del coronavirus..., son el pan nuestro de cada día en las cárceles vascas y españolas. Además, se dan con mayor intensidad en determinados penales y departamentos, como enfermerías, aislamiento o módulos de mujeres.

Todas estas cuestiones son la expresión del abandono y ensañamiento con el que la administración vasca y española tratan a las personas presas. El servicio de salud vasco, y del resto de autonomías, podrían haber llevado la iniciativa ya, como en el caso de Cantabria. Hubiera sido fácil haber posibilitado vacunarse a la población encarcelada para evitar la transmisión y facilitar su inmunización. Pero no lo están haciendo con la urgencia y emergencia necesaria. De hecho, para quienes ya han muerto es demasiado tarde. Es mejor limitarse a suspender derechos y hacer la privación de libertad más cruel. Imagínense que en las residencias para ancianos hubieran vacunado al personal socio-sanitario y no a las personas mayores, limitándose a mantenerlas encerradas sin visitas. Hubiera sido un escándalo que derrumbaría al gobierno.

Seguramente otro gallo hubiera cantado, y hoy la población encarcelada hubiera accedido a la vacuna, si la epidemia se hubiera llevado por delante la vida de algún personaje preso de la calaña de Rato o Urdangarin, a los que, por cierto, se concede con sorprendente facilidad –en comparación con el resto– beneficios penitenciarios tales como permisos de salida, régimen abierto y libertad condicional.