Ocho años después de que se presentara la primera denuncia y dos años después de que la Audiencia Nacional fallase que la planta de coque que Petronor había construido dentro del dominio marítimo terrestre carecía del permiso correspondiente, Costas ha abierto un expediente sancionador a la empresa. A partir de ahora se inicia un proceso que, según Meatzaldea Bizirik, debería concluir con el desmantelamiento de las instalaciones y la recuperación del entorno. Cuando se trata de poner coto a los abusos de grandes compañías privadas y cuando lo que está en juego es la defensa del medio ambiente, todo procedimiento se vuelve lento hasta la inoperancia.

En este caso, no solo el proceso judicial ha sido muy lento, sino que la compañía de hidrocarburos ha contado con el beneplácito de todo el entramado institucional. El Ayuntamiento de Muskiz otorgó una licencia de obras sin el pertinente permiso de Costas. La refinería hizo caso omiso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbo que anuló esa licencia y continuó con el proyecto. Por si eso fuera poco, el Banco Europeo de Inversiones financió la construcción de esa unidad de reducción de fueloil con un préstamo de 400 millones. La compañía consiguió incluso que Felipe de Borbón, entonces príncipe y actual monarca español, inaugurara sus instalaciones en 2013, acompañado del entonces presidente de Petronor y actual presidente de Repsol, Josu Jon Imaz. Es difícil que un proyecto empresarial pueda acumular más avales institucionales al tiempo que se salta ostentosamente la ley y hace caso omiso de las resoluciones judiciales.

El recorrido de la planta de coque de Muskiz denota que Petronor posee capacidad de presión suficiente para doblegar voluntades e ignorar el marco legal cuando este es contrario a sus designios. Empresas que concentran tanto poder como para colocarse al margen del entramado jurídico representan un grave peligro para la democracia.