Ayer fue un día grande para Durango y para Euskal Herria. 24.700 durangarras estaban llamados a dar su opinión mediante el voto sobre un proyecto urbanístico en una gran área del centro del pueblo que se liberó tras el soterramiento del tren. Las cinco torres de 18 pisos proyectadas iban a tener un gran impacto, habían generado debate y controversia social, tenían potencial para condicionar el futuro y cortocircuitar otros desarrollos más sostenibles. Hay que resaltar la gran labor de plataforma ciudadana Erabaki y del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento en pos de la consulta popular.

Lo ocurrido ayer en Durango es un recordatorio de que hay otra manera de hacer las cosas, especialmente en el ámbito inmobiliario y urbanístico, donde algunos se han acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo y ven la luz muchas arbitrariedades, proyectos ilegales e insostenibles que, no pocas veces, inundan de desconfianza la sociedad. La democratización del urbanismo es una necesidad para Euskal Herria. Los trámites de información pública en el procedimiento de aprobación de los planes son una formalidad procedimental, sin apenas transcendencia, que no vinculan a los gobiernos ni satisfacen esa necesidad.

La consulta directa a los ciudadanos permite conocer su opinión y debe ser esencial para guiar la toma de decisiones discrecionales. Tiene una inmensa potencialidad: hace más partícipes y protagonistas a los ciudadanos en la vida local y urbana, y mejora la democracia. Brinda mayor oportunidad de implicación popular y corresponsabiliza al pueblo en la satisfacción del interés público. Se posibilita la realización de un control social altamente efectivo de la oportunidad y sostenibilidad de unos planes que, sin vincular las decisiones administrativas –pues no se trata de sustraer potestades–, acota el margen de decisión de las instituciones, ya que conociendo la voluntad y el criterio popular, no podrán actuar sin tenerlo en cuenta.