Pere Aragonès no consiguió ayer la mayoría simple que necesitaba para ser investido president. La abstención de Junts condenó al fracaso la segunda votación, y ahora se abre un periodo de un máximo de dos meses para que los partidos sigan negociando. Si en ese periodo no hay investidura, Catalunya irá a elecciones. Serían las sextas en doce años.

El independentismo catalán logró el pasado 14 de febrero la mayoría parlamentaria más holgada de su historia, superando por primera vez la barrera del 50% de los votos. La baja participación invita a no hacer una lectura plebiscitaria demasiado contundente del resultado, pero el mandato parlamentario obtenido por el soberanismo para gestionar el día a día y caminar hacia escenarios que permitan volver a acercarse a la independencia es claro, contundente e indiscutible. Es la dirección de ese camino y, más aún, la titularidad del pilotaje, la que ha impedido hasta ahora a los partidos independentistas llegar a un acuerdo de legislatura capaz de investir a Aragonès y ponerse manos a la obra. Las urgencias para tener un Govern en marcha no solo tienen que ver con el soberanismo, también con la salida de la crisis provocada por la pandemia y la reactivación de unas instituciones al ralentí tras una legislatura compleja y, en algunos casos, paralizante.

Igual que ha hecho ERC cuando ha perdido, parece lógico pensar que ahora es a Junts a quien le toca ceder el timón. Del mismo modo, que la dirección del proceso soberanista debe ser colegiada es también evidente, se articule a través de un Consell de la República más representativo que el actual o a través de otro órgano. Las relaciones entre los actores independentistas llevan tiempo maltrechas y no se van a recomponer en dos días, pero no se perciben grandes divergencias en estos dos puntos, lo que podría habilitar una investidura sin agotar los dos meses, ahuyentando cuanto antes el fantasma de unas elecciones que el independentismo difícilmente se puede permitir.