La Comisión Europea (CE) considera que la reforma de la legislación judicial que lleva a cabo Polonia «socava la independencia judicial y es incompatible con el Estado de derecho de la Unión», por lo que ha llevado su demanda contra Varsovia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Concretamente, Bruselas ha pedido que adopte medidas provisionales para suspender las decisiones tomadas hasta ahora por la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia sobre el levantamiento de la inmunidad de los jueces y otras competencias relativas a las condiciones laborales y jubilación de los que forman del TS.

«La decisión de levantar la inmunidad de un juez debe ser tomada por un organismo independiente. En Polonia, la independencia e imparcialidad de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo no están garantizadas», justificó el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

«Efecto paralizador»

Bruselas estima que la perspectiva de los jueces de tener que enfrentarse a procedimientos ante un órgano cuya independencia no está garantizada crea un «efecto paralizador» para los jueces y puede afectar a su propia independencia.

Esta remisión a la Justicia europea se enmarca en un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión en abril de 2020 contra una ley polaca que entró en vigor en febrero del mismo año, y que permite sancionar a los jueces que cuestionen las reformas del sistema judicial, calificadas como «ley mordaza» por sus detractores.

Más de 40 jueces han sido sancionados o suspendidos por ejecutar sentencias del TJUE o criticar la reforma judicial del Gobierno. Desde que, en 2018, el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, que también ejerce de fiscal general del Estado, designara a Piotr Schab como presidente de la Sala Disciplinaria del TS, se han acumulado los procesos disciplinarios contra jueces polacos, lo que ha multiplicado las acusaciones contra el Ejecutivo polaco de intentar controlar el poder judicial.

Las reformas judiciales puestas en marcha por el conservador Partido Ley y Justicia (PiS), en el poder desde 2015, están en la mira de Bruselas y ya han dado lugar a varias condenas por parte de la Justicia europea.

Sin cambios en Varsovia

Pero «a pesar de las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia y de nuestros numerosos intentos de remediar la situación, la presión sobre los jueces polacos sigue aumentando y su independencia está sujeta a una erosión constante», lamentó la vicepresidente de la Comisión encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourova.

Añadió que los Gobiernos son libres de llevar a cabo una reforma de la Justicia, pero sostuvo que al hacerlo «tienen que respetar los Tratados europeos».

Las reformas de la Justicia polaca se destacaron en el primer informe anual de la Comisión sobre el Estado de derecho en los 27 países de la UE, publicado el pasado mes de setiembre.

En 2017, Bruselas también puso en marcha un procedimiento conocido como «artículo 7» del Tratado de la UE con respecto a Polonia.

Este mecanismo previsto en caso de «violación grave» del Estado de derecho en un país de la UE puede, en teoría, conducir a la privación del derecho de voto en ese país, pero hasta ahora no ha llegado a ser activado y ha resultado ineficaz en la práctica.

Para Varsovia, la demanda no tiene base legal

Varsovia respondió a la denuncia ante el TJUE que esta «no tiene base legal o fáctica». «La regulación de asuntos relacionados con el sistema judicial es un asunto exclusivamente nacional», afirmó el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Mueller, quien aseguró que «las regulaciones polacas no difieren de las normas vigentes en la UE».

Hace dos días, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, solicitó al Tribunal Constitucional de Polonia que confirmase la preeminencia de la Constitución polaca sobre las leyes de la UE. La presión de Bruselas y sus críticas a la reforma judicial llegaron a poner en riesgo los fondos europeos de recuperación y el marco presupuestario europeo, que Varsovia amenazó con vetar si se vinculaban al Estado de Derecho.

Eslovenia y Hungría se sumaron a Polonia en este pulso el pasado noviembre, que finalmente se resolvió con un acuerdo por el que el mecanismo de Estado de derecho se aplicaría tras un dictamen del TJUE.GARA