El Congreso español admitió ayer a trámite una propuesta del Parlamento de Gasteiz para que se cree un fondo de compensación para las víctimas del amianto. No es la primera vez que se debate una proposición similar, pues ya en 2017 se inició la tramitación de una moción parecida que terminó decayendo por la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras. Entre una cosa y otra, han pasado casi diez años desde que se planteó la creación de este fondo, y la ley apenas ha dado sus primeros pasos. Cuando la justicia se vuelve tan lenta, deja de ser justicia. Y cuando se trata de trabajadores envenenados en sus puestos de trabajo, esa lentitud es, si cabe, todavía más grave.

Un fondo de estas características permitiría compensar directamente a las víctimas que, de ese modo, evitarían los larguísimos procesos judiciales a los que se ven abocadas en la actualidad. Esos recorridos interminables por los tribunales suponen una gran carga para las víctimas del amianto y sus familiares. Además, como recuerda la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), un fondo de compensación respaldaría a todas las víctimas, independientemente del tamaño de la empresa en la que trabajaron o de que la compañía continúe o no existiendo en la actualidad. Asimismo, ayudaría a todas aquellas mujeres que se han contaminado con amianto por lavar la ropa de trabajo de sus cónyuges, y a todas aquellas personas que han enfermado por respirar fibras de amianto cerca de las fábricas. Ampararía a todas las víctimas del amianto independientemente de las circunstancias, acercando así una reparación que haga un poco de justicia.

Sin la lucha de las asociaciones que defienden a las víctimas y el apoyo de los sindicatos no se habría llegado a este punto. Lo más terrible de todo es que en pleno siglo XXI el derecho a la salud de los trabajadores continúe exigiendo la máxima tensión sindical y una gran presión social, que ahora habrá que mantener para evitar nuevos retrasos.