El pasado domingo apareció cerca del río Bidasoa, en Irun, el cuerpo de una persona que posiblemente se suicidó ahorcándose. Era un joven eritreo que no había tenido relación con el servicio Harrera, organizado por la Red Ciudadana de Acogida, ni con los servicios municipales, por lo que todo indica que era un migrante en tránsito que se vio atrapado por el cierre de la frontera. A pesar de las evidencias, ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno de Gasteiz, Beatriz Artolazabal, no consideró que lo ocurrido fuera una cuestión migratoria; se limitó a lamentar su muerte y a señalar que se atiende a todas las personas que llegan. Un lamentable intento de normalizar una situación que no lo es.

La migración se ha convertido en una terrible carrera de obstáculos para todas aquellas personas que huyen de la pobreza y de la guerra. La política europea de cierre de fronteras exteriores e interiores no hace sino agudizar la presión y acrecentar el acoso que sufren las personas migrantes. Además, esas medidas administrativas de control muchas veces restringen arbitrariamente derechos fundamentales de las personas en tránsito; discriminan y dan forma a prácticas racistas cada vez más extendidas. En este contexto de constante acoso a los migrantes, a menudo los servicios de acogida y las redes solidarias se ven superados por la afluencia de personas, como ocurre en Irun desde hace meses, lo que provoca situaciones de desprotección que pueden terminar incluso con el fallecimiento de las personas en tránsito. De modo que estas muertes, como las que ocurren en el mar, no son casuales, sino consecuencia directa de decisiones políticas.

Por todo ello, no basta con lamentar una muerte, hay que actuar de manera decidida contra estos cierres de fronteras; hay que terminar con las políticas migratorias racistas y discriminatorias hoy vigentes en la Unión Europea. Y mientras, dar cobijo a los que llegan.