En octubre de 2017, el Ayuntamiento de Gasteiz desalojó a los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo. Dio un plazo de 72 horas a las personas que vivían allí para que recogiesen sus enseres y abandonasen sus casas ante el riesgo de derrumbe. Tres años y medio después, los inmuebles siguen vacíos, cerrados con una cadena, y los afectados permanecen realojados a la espera de una solución.

Raúl es el propietario de una de esas viviendas, que en aquel entonces la tenía alquilada a una mujer con un menor a cargo. Recuerda bien lo ocurrido. Según explica, todo comenzó a raíz de una fuga de agua en un piso del número 42, propiedad de una entidad financiera. La fuga generó importantes desperfectos en otra vivienda y en una lonja que estaban vacías, lo que propició el desalojo. Sostiene que no se dio otra opción, aunque un arquitecto contratado por los vecinos advirtió de que los daños provocados por el agua «no eran tan importantes como para haber desalojado».

«Se ve que hay un fallo en la estructura que no está producido por el agua, sino por los años de esos pisos», detalla antes de señalar que el arreglo suponía un desembolso de 250.000 euros para reparar el daño estructural más otros 90.000 o 100.000 para solventar las deficiencias advertidas en la Inspección Técnica de Vivienda (ITE). Un coste de 350.000 euros a desembolsar por las familias, que acudieron al Ayuntamiento para tratar de lograr un solución, entre las que figuraba que el Consistorio actuase de forma subsidiaria. «Asumiría unos costes y revertiría los gastos en cada vecino dependiendo de la renta de cada uno. Era la única forma de que esto fuese hacia delante, porque como comunidad no podíamos asumir el coste», indica.

Esta opción fue rechazada por el Gabinete de Gorka Urtaran. En abril de 2019, Itziar Gonzalo, que en entonces era la edil delegada de Urbanismo, incidió en que «es obligación de los ciudadanos ocuparse del buen estado de sus viviendas». Parece que la relación con el Consistorio ha mejorado tras la llegada de Ana Oregi, pero todavía no hay una solución definitiva. «En teoría, están trabajando para cambiar la normativa», apunta antes de señalar que, al fin y al cabo, los vecinos de Santo Domingo son los rostros «más conocidos» de un problema que afecta todo el barrio. «No somos un caso aislado, es algo vox populi», remarca.

En la misma línea se pronuncia Manu Arakama, de la asociación vecinal Gasteiz Txiki, que insiste en la necesidad de contar con un proyecto «global» para Alde Zaharra, porque entendemos que es la única forma de solucionar la gravísima situación en la que se encuentran muchas familias». Alerta de que «en la mayoría de los casos» las ayudas son «insignificantes», y llegan tarde. «Se están pagando ayudas que se concedieron hace seis, siete e incluso ocho años», indica antes de citar el ejemplo de una comunidad endeudada por la reforma del portal y la instalación de un ascensor. «Les prometieron unas ayudas que no han llegado», añade, y subraya que este «es un ejemplo, pero hay multitud».

Afirma que hay vecinos que se van de Alde Zaharra «desesperados» porque no pueden hacer frente a las derramas, lo que se traduce en el abandono de los inmuebles, que, con el paso del tiempo, «terminan en estado de ruina». «Y es curioso que edificios que están declarados en ruina y que requieren de una intervención hayan sido puestos a la venta por agencias inmobiliarias», señala en alusión a un anuncio publicado en un conocido portal inmobiliario, donde se oferta una de las viviendas desalojadas en Santo Domingo. «¡Piso en el casco antiguo de la localidad! Consta de 68 metros cuadrados distribuidos en cocina, salón, dos habitaciones y cuarto de baño. Llama e infórmate». En la fotografía se ve las cadenas colocadas en la puerta para impedir el acceso, pero no hay mención alguna al desalojo del inmueble.

Gasteiz Txiki reclama a las instituciones que tomen medidas destinadas a financiar la rehabilitación de los edificios para evitar que Alde Zaharra quede desierto o en manos de entidades financieras e inmobiliarias. «Estas subvenciones deben estar sujetas a unos baremos en función de los recursos económicos y tienen que ir por delante para posibilitar el inicio de las obras», sostiene.

Un parque de vivienda envejecido

Ni qué decir tiene que la degradación de los inmuebles no es un problema exclusivo de Alde Zaharra. Son muchos los barrios marcados en rojo en Euskal Herria. Solo en Gasteiz hay nueve barrios declarados «zona degradada», un denominación dada por Ensanche XXI «de cara a mejorar sus opciones para acceder a ayudas a la rehabilitación». En la web euskadi.eus, en el apartado dedicado a las ayudas a la rehabilitación, se puede ver un mapa en el que están reflejadas todas las Áreas de Rehabilitación Integrada de la CAV, entre las que figuran los cascos históricos de las tres capitales, y de otras localidades importantes como Irun,  Hernani, Tolosa, Bergara, Bermeo, Urduña o Agurain, por citar solo algunos ejemplos.

El director de Vivienda, Suelo y Arquitectura de Lakua advierte de que el parque de vivienda de la CAV «es de los más antiguos de Europa», con deficiencias en términos de eficiencia energética y de accesibilidad. «No es grave, pero se va degenerando año a año», asegura Pablo García, quien admite que solamente la mitad de las viviendas de más de 50 años han pasado la ITE. «La pasada legislatura hubo un impulso bastante fuerte y se superó el 50%, pero ese porcentaje va variando porque se van incorporando más edificios», señala.

Afirma que existe cierto «recelo» por parte de algunas comunidades vecinales, «porque la ITE es como ir al médico. Te va a decir cómo está tu edificio y si tiene 50 años algo tendrá». «Además la ITE impone plazos y medidas, y hay gente que es reticente; pero es pan para hoy y hambre para mañana. Cuanto antes se sepa el estado del edificio será mejor; y sé que muchas ITE acarrean obras, pero para eso están las ayudas, para poder intervenir», incide. No obstante, para poder tener acceso a las mismas es preciso haber pasado la ITE.

La reticencias de los vecinos, y la falta de recursos económicos, hicieron, por ejemplo, que muchos no se sumaran al proyecto de rehabilitación energética SmartEnCity, desarrollado en el barrio gasteiztarra de Errota, aunque García sostiene ha sido un «éxito». «Igual no el éxito que ese esperaba, pero se han adherido 23 comunidades y el resultado está a la vista. ¿Que hubiera sido mejor que el cien por cien de los vecinos se hubiesen adherido? Sin duda, pero creo que ha sido un éxito contenido», insiste.

El director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Ignacio de la Puerta, no comparte esta opinión y considera que  ha existido algún «punto débil». «Creo que fue un proyecto que no se ha gestionado con lo vecinos o que ha tardado mucho tiempo en darse esa colaboración –en 2017 se abrió una oficina en el barrio para atender las dudas de los residentes–. Además era un proyecto que nacía de un Horizon 2020 que estaba centrado exclusivamente en el aspecto energético y no incorporaba otras medidas que tenían ver con la accesibilidad o medidas de carácter social», indica.

Ahora espera que no ocurra lo mismo con Opengela, una iniciativa de rehabilitación urbana que arrancó con proyectos piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbo) y Txonta (Eibar) y se ha extendido a Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria). Las ayudas de este programa cubren entre el 40% y 50% de la obra y las familias con menos recursos pueden recurrir a una línea de financiación. «Con este instrumento garantizamos la financiación si los particulares quieren», afirma y recuerda que «el tren pasa una vez: Las comunidades deberían ver la oportunidad que tienen ante sí».

De cara al futuro, el objetivo es extender Opengela a toda la CAV con la vista puesta en 2050. Dependerá de la llegada de los fondos europeos. El propio director reconoce que no saben de cuánto dinero dispondrán, Todo hace pensar que será menos de lo esperado, ya que, pese a que el programa Euskadi Next prevé una inversión total de 1.130,4 millones de euros en programas de rehabilitación urbana integral –, 491,2 a cargo del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR)–, «parece que los recursos se van a ir fraccionando a través de los Ministerios con ventanillas únicas».