El Gobierno de Iván Duque aumentó la represión contra las protestas sociales en Colombia en el séptimo día de movilización. Con el Ejército en la calle, más de una veintena de manifestantes muertos, más de un centenar de heridos, violencia sexual y agresiones a periodistas, los ataques de las fuerzas policiales y militares alcanzaron ayer a una misión en la que participaban enviados de la ONU.

Extendida a Bogotá, Medellín, Palmira o Manizales, la represión fue especialmente brutal en Cali, la tercera ciudad de Colombia. «Están disparando a matar», gritaban algunos ciudadanos entre detonaciones.

Las críticas cuestionan a Duque y a su ministro de Defensa, Diego Molano, que anunció un despliegue de otros 3.000 soldados y policías en las calles.

En Cali, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, denunció que la Policía disparó contra una misión humanitaria de esta organización que estaba verificando la situación. Aunque señaló que no hubo disparos directos contra los miembros del equipo de la ONU, indicó que «otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado».

De Rivero pidió que se investiguen estos hechos y que los responsables sean sancionados.

No obstante, desde Ginebra, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reaccionó a las matanzas con una declaración más tibia, en la que afirmó que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un «excesivo uso de la fuerza» y repartió la responsabilidad con los manifestantes.

Incluso la Unión Europea condenó la violencia «contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunirse y a la de expresarse» y pidió que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión. El Comité Nacional del Paro estimó que la violencia policial ha dejado al menos 27 manifestantes muertos y más de mil casos de violencia policial, aunque el balance solo comprende el periodo del 28 de abril al 2 de mayo, y no incluye la noche del lunes, también sangrienta. Algunas ONG se veían desbordadas a la hora de poner cifras a la represión.

La Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha documentado 135 denuncias por posibles desapariciones forzadas. Afirma que «28 aparecieron con vida después de sufrir detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles», pero 107 personas continuaban desaparecidas.

A pesar de la dura represión, de que Duque retiró la reforma tributaria que provocó el estallido de la protesta y de la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la movilización sigue y hoy se ha convocado un nuevo paro nacional.

Las protestas reclaman también frenar otras medidas neoliberales del Gobierno de Duque, como el proyecto de ley sanitaria, pero sobre todo medidas democratizadoras y que frenen la represión, como la disolución del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), al que se le atribuyen hechos especialmente graves.

En este contexto, Duque no tiene objeción en participar hoy en un foro sobre la «defensa de la democracia en las Américas», acompañado por otros dirigentes también cuestionados por sus reformas y violaciones de derechos humanos, como el chileno Sebastián Piñera o el ecuatoriano Lenín Moreno.