Juana Ruiz, la ciudadana castellana detenida el pasado 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes en la Cisjordania ocupada, conoció finalmente ayer los cargos de los que se le acusa, que son cinco.

Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajos para la Salud (HWC, en inglés), fue arrestada hace tres semanas en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén, por más de 20 soldados. El próximo lunes se celebrará una nueva audiencia, la séptima, en la que la defensa pedirá su liberación mientras transcurra el juicio. El Ejército israelí, sin embargo, pedirá que siga detenida a la espera de su conclusión.

Israel acusa a HWC de desviar fondos europeos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado «grupo terrorista» por Israel, EEUU y la Unión Europea.

En base a su pertenencia a HWC, que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo, Ruiz Sánchez ha sido acusada también de «participar en actividades de una organización ilegal» y de «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal». Además, como consecuencia de su tarea de recaudación de fondos para la ONG, se le acusa también de «recibir e introducir dinero en los territorios palestinos» y de «recibir dinero con falso propósito».

Ofensiva contra la cooperación

La decisión de las autoridades israelíes de acusar a Ruiz coincidió con un comunicado del Shin Bet –servicio de seguridad interior israelí– en el que asegura que el FPLP opera una red de organizaciones humanitarias en la Cisjordania ocupada, entre las que destaca a HWC, y que, «a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos, desvía al grupo fondos que países europeos donan como cooperación internacional»

Todo este dinero, según el Shin Bet, se usó para pagar a las familias de miembros del FPLP abatidos, para reclutar a nuevos combatientes y para difundir la propaganda del grupo en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este.

Según informó a Efe una fuente oficial israelí, Ruiz Sánchez habría admitido durante los interrogatorios que HWC está ligada al FPLP.

Una de las integrantes de la plataforma en favor de la liberación de Juana Ruiz, Sandra Barrilaro, defendió en declaraciones a Europa Press que las acusaciones son «fácilmente desmontables» ya que en todos los proyectos de cooperación financiados por países europeos «hay que justificar hasta el último céntimo».

En su opinión, con esta acción «Israel va a por la cooperación internacional» ya que es «un testigo incómodo» de la vulneración a diario de los derechos de los palestinos.