Es el 8 de mayo de 1981, viernes. Tres jóvenes residentes en Santander se enfilan la ruta para cruzar de norte a sur la Península Ibérica. Una odisea para un fin de semana. Ni los coches ni las carreteras eran entonces como los de ahora. Luis Montero es el mayor, tiene 33 años y es natural de Salamanca. Luis Cobo tiene 29 años y es santanderino. El más joven se llama Juan Mañas, y ha convencido a sus dos amigos para viajar hasta Pechina, su pueblo en Almería, para asistir a la primera comunión de su hermano pequeño Francisco Javier.

Por el camino sufren una avería a la altura de Manzanares del Real (Madrid). Cogen un tren y llegan hasta Puertollano, en Ciudad Real, donde alquilan otro vehículo, un Ford Fiesta verde. Finalmente, ya en la madrugada del sábado 9, llegan a su destino. Duermen en casa de la familia de Mañas y por la tarde van a Roquetas de Mar. Allí son detenidos por la Guardia Civil.

Tres días antes, el 7 de mayo, ETA había atentado en Madrid contra el teniente general del Ejército español Joaquín de Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del entonces rey Juan Carlos I. Dos integrantes de la organización armada que iban en moto dejaron una bomba en el techo de su coche cuando este paró en un semáforo. Valenzuela sufrió heridas graves pero sobrevivió, los otros tres militares que le acompañaban fallecieron. La acción tuvo lugar dos meses y medio después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero.

Al parecer, a lo largo del viaje entre Santander y Almería, alguien –posiblemente la persona que les alquiló el coche– confundió a Mañas, Montero y Cobo con los autores del atentado, cuyos retratos robot habían sido publicados en los medios. Y llamó a la Guardia Civil para dar la alerta. Horas después de su arresto, a la mañana siguiente, sus cuerpos sin vida son hallados junto a una carretera cerca de Gérgal, en los límites del desierto de Tabernas. Tres cuerpos maltratados, desmembrados, disparados, calcinados…

Una versión insostenible

La versión «oficial» asegura de primeras que dos guardias llevaban a los tres detenidos en el asiento trasero del Ford Fiesta, mientras otros agentes les seguían en otro vehículo; que en un momento determinado los jóvenes intentaron hacerse con el control del coche, que este cayó por un terraplén, hubo un tiroteo –obviamente era imposible que los detenidos llevaran armas– y el coche se incendió, sin que ninguno de los once guardias presentes pudiera hacer nada. Un relato insostenible.

Con el transcurrir de las horas, los fallecidos pasan de ser miembros de ETA a presuntos «delincuentes comunes», y de ahí a tres jóvenes trabajadores residentes en Santander a los que han torturado hasta la muerte y quemado posteriormente para ocultar las pruebas. Y se empieza a hablar de un posible «error» de la Guardia Civil. Como si el «error» radicara exclusivamente en la identificación, no en los hechos en sí.

El «caso Almería» llegó a juicio un año más tarde, en junio de 1982. La sentencia dio por probado que, tras su detención, Mañas, Montero y Cobo fueron trasladados a un cuartel abandonado llamado Casafuerte, donde fueron maltratados hasta la muerte por un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Carlos Castillo Quero, jefe de la Comandancia de Almería. Posteriormente fueron metidos en su coche, despeñados por un terraplén, ametrallados y quemados para montar una inverosímil historia.

Quienes se atrevieron a denunciarlo fueron amenazados, censurados, reprimidos. Al igual que el abogado de la familia Mañas, Darío Fernández, quien entrevistado por ‘Diario de Almería’, apunta que «el juicio fue una pantomima. El resultado del juicio se pensaba que sería una absolución, lo que no se esperaban es que sacara los cadáveres para las autopsias y que las balas dentro de cada cuerpo cantaran la verdad sobre la mentira de los forenses».

En 1984 se estrenó una película narrando los hechos, con unos jovencísimos Antonio Banderas, Iñaki Miramón y Juan Echanove en el papel de las víctimas, y Fernando Guillén como Carlos Castillo. Su exhibición tampoco estuvo libre de presiones.

Tres condenados

Castillo Quero fue condenado a 24 años de prisión por triple «homicidio», mientras que dos de sus hombres, el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas, fueron sentenciados a quince y doce años de cárcel. También tuvieron que pagar cuatro millones de pesetas (24.000 euros) a cada una de las familias. Tres condenados de once participantes. Ninguno cumplirá ni siquiera la mitad de la condena, y con el tiempo se sabrá que fueron recompensados con varios millones de pesetas procedentes de los fondos reservados.

La madre de Juan Mañas, María Morales, nunca ha usado el dinero de la indemnización. «Cuando yo me muera si mis hijos quieren gastarlo que lo hagan, yo no puedo gastarlo porque ese dinero me quema», declaraba hace ya diez años al ‘Diario de Almería’. También lleva cuatro décadas guardando como oro en paño un pequeño hueso que según ella pertenece al cráneo de su hijo y que recogió «de lo que quedó en Gérgal donde pegaron fuego al coche».

Le queda eso y el monolito en mitad de la nada que recuerda que los cuerpos de Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas «aparecieron calcinados en extrañas circunstancias», un lugar en el que cada año se celebra un acto popular en su recuerdo. Porque ayer se cumplieron cuatro décadas y siguen sin tener ningún tipo de reconocimiento oficial, ninguna oportunidad de acceder a toda la documentación, ninguna explicación.