El juicio militar contra la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez, acusada por Israel de «pertenencia a una organización ilegal» y en prisión desde hace casi dos meses, quedó aplazado hasta el próximo 7 de julio.

La primera vista del proceso contra Ruiz Sánchez, que vive en Cisjordania desde hace más de 35 años y a la que Israel aplica la ley militar –como a los palestinos de este territorio ocupado–, debía arrancar hoy, pero el juez aceptó posponer su inicio tras una solicitud de la defensa.

Después de casi dos meses en prisión, uno de ellos en aislamiento, la abogada solo pudo hablar con ella la víspera del juicio. «Solo me permitieron visitar a Juana ayer», explicó Gaby Lasky, que argumentó que no ha tenido suficiente tiempo para preparar la defensa.

Ruiz Sánchez, de 62 años y coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, fue acusada a inicios de mayo de cinco cargos por la Justicia militar, y está detenida desde el 13 de abril, cuando fue arrestada para ser interrogada sin saber inicialmente los supuestos cargos que le imputaban.

Israel acusó a la entidad donde está empleada de desviar fondos de la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que considera «terrorista».

En base a su pertenencia a los Comités, Ruiz Sánchez fue acusada de «participar en actividades de una organización ilegal» y de «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal». Asimismo, por su tarea de recaudación para la ONG, fue acusada de «recibir e introducir dinero en los territorios palestinos» y de «recibir dinero con falso propósito».