Con un virtual empate técnico, en los sondeos, el candidato del partido izquierdista Perú Libre, Pedro Castillo, cuenta con una ligera ventaja, sostenida por votantes antifujimoristas que buscan evitar por tercera vez que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) logre sentarse en el sillón presidencial.

Castillo ha mantenido suficiente fidelidad de voto a pesar de varios errores de campaña. Uno de sus aciertos ha sido el lema «No más pobres en un país rico», en el contexto de grave crisis económica.

Es un maestro rural de ascendencia humilde y campesina con propuestas radicales que chocan con el neoliberalismo hegemónico en Perú en las últimas décadas, pero a la vez religioso y con ideas sociales muy conservadoras. Es contrario a la educación con enfoque de género, al aborto y a ampliar los derechos de la comunidad LGTBI.

Tiene su base electoral en los millones de pobladores rurales, aislados de los centros de poder tradicionales y alejados de Lima.

Su primer gran contacto con la política peruana fue como gestor de una huelga general de maestros que en 2017 puso en jaque al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynsky. Han sido las redes de maestros y profesores rurales las que promovieron con el boca a boca su candidatura.

Su principal bandera es la derogación de la Constitución creada por Fujimori y abiertamente neoliberal para dar al Estado un mayor protagonismo como impulsor de la economía.

La nacionalización del sector minero y energético, o la limitación de importaciones son algunas de las ideas de Perú Libre, aunque Castillo ha tratado de llevar una campaña ajena al partido. Su ascenso inesperado se enfrenta a una cobertura mediática claramente favorable a su contrincante, Keiko Fujimori.

La hija del presidente golpista carga con la herencia política de su padre y es la imagen de la corrupción y las malas prácticas de la política en Perú, pero es respaldada por toda la derecha económica y social y por la gran mayoría de los medios de comunicación, que quieren salvar el modelo económico y social imperante ante lo que olvidan su oscuro pasado. Acusada de organización criminal y lavado de activos por los que la Fiscalía pide 30 años de prisión, está a las puertas de un juicio que solo evitaría sin obtiene la inmunidad de la Presidencia.

Según las encuestas, casi nadie confía en su palabra y reivindica sin pudor el Gobierno autoritario, corrupto y fruto de un golpe de Estado de su padre. Su estrategia para recortar distancias con Castillo ha sido asociar a su rival con comunismo, chavismo y hasta «terrorismo».

También es hostil a las políticas con enfoque de género, a la educación sexual en las escuelas y a las igualdad de derechos para diferentes colectivos.