La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) pidió ayer autorización judicial para investigar la guerra contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por supuestos crímenes de lesa humanidad.

«La información disponible indica que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en conveniencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles», señaló la fiscal jefa, Fatou Bensouda.

En la solicitud, de 57 páginas, se dice que en el país se han sucedido «ejecuciones extrajudiciales» que «parecen haberse cometido de conformidad con una política estatal oficial del Gobierno».

La Fiscalía del TPI ya había abierto un examen preliminar a Filipinas en febrero de 2018, lo que provocó que este país se retirase del Tribunal el 17 de marzo de 2019.

La investigación por la guerra contra las drogas, de ser aprobada por los jueces, se ceñiría a hechos sucedidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, cuando Filipinas era Estado miembro.

Añadió que también debe abrirse una investigación por los delitos de tortura y otros actos inhuma- nos cometidos supuestamente en Filipinas desde el 1 de noviembre de 2011.

La jurista gambiana indicó que no se pronuncia sobre «las políticas e iniciativas internas de ningún gobierno destinadas a abordar la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas dentro de los parámetros de la ley», y que la información de la que dispone le obliga a actuar «de conformidad con su mandato» como fiscal del TPI, un mandato que finaliza hoy, por lo que el expediente filipino recaerá en su sucesor para nueve años, el británico Karim Khan.