El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer tramitar un proyecto de ley para crear una oficina independiente de buenas prácticas y contra la corrupción con los votos en contra de PNV, PSE y Vox, y la abstención del PP-Cs. Únicamente apoyaron el proyecto EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Conviene destacar que hace tres años esa misma proposición recibió los votos favorables de PNV y PSE. Un cambio de postura difícil de explicar que hizo que los representantes de ambos partidos optaran por no tomar parte en el debate y se limitarán a intervenir en el turno de explicación de voto sin posibilidad de réplica. Una decisión que denota incomodidad y falta de argumentos para esclarecer ese cambio de postura.

Puede que en esa mudanza haya también razones de otra índole. Lo cierto es que en el tercio autonómico se van acumulando los casos de malas prácticas y de corrupción ligados a la Administración: desde el caso de Miguel, pasando por el caso Balenciaga o Guggenheim hasta el cártel de los comedores escolares y el actual de las consultoras. Tramas muy difíciles de detectar y que se han mantenido durante años, lo que necesariamente obliga a un replanteamiento de los instrumentos con que cuenta el sistema político para enfrentar la corrupción. Por otro lado, nunca está de más impulsar y favorecer las buenas prácticas administrativas, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Son aspectos fundamentales en un sistema democrático, especialmente cuando las listas cerradas blindan a los representantes políticos de una valoración más individualizada por parte de los electores.

Poner trabas a la valoración del desempeño indica desdén hacia los administrados. Precisamente es en esa penumbra donde se desarrollan las malas prácticas que dan lugar al nepotismo y la corrupción. El Gobierno que preside Iñigo Urkullu y los partidos que lo sustentan, PNV y PSE, perdieron ayer una magnifica oportunidad de mostrar un compromiso real con la transparencia y el buen gobierno. El resto son palabras vanas.