Si hay un sector al que tradicionalmente se asocia con un corporativismo exacerbado y con la defensa a ultranza de la solidaridad interna más allá de lo razonable, es el que agrupa a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados. Su delicado papel como final de la cadena de gestión de la «violencia legal» y el peso intrínseco de la jerarquía y la obediencia debida, hacen de este estamento un tejido habitualmente muy poco permeable al ejercicio de la crítica, bien interna, bien hacia quienes, desde instancias superiores, toman decisiones que afectan al desempeño de sus funciones.

Por eso, y sin restar ni un ápice de importancia a las responsabilidades individuales o colectivas que se pudieran derivar de cada actuación policial concreta, la concentración que llevó a cabo la semana pasada ELA-Ertzaintza ante la sede del Gobierno autonómico en Bilbo y el comunicado que hizo público poniendo en tela de juicio «la manera en que el Departamento de Seguridad está enfocando la labor policial en conflictos laborales, manifestaciones, concentraciones y huelgas», suponen para quien firma la pieza algo así como un inesperado soplo de aire fresco, un paso firme en la buena dirección.

Las reflexiones de ELA no pueden ser más acertadas. En su opinión, el Departamento de Seguridad del Ejecutivo de Lakua «parece no ver en las expresiones de protesta asociadas a los numerosos conflictos laborales que afectan a Euskal Herria más que un problema de orden público, y no lo que realmente son: ejercicio de derechos fundamentales que deben ser protegidos, precisamente, por la policía». Y me permitirán que siga citando la literalidad del comunicado, porque ni una coma se puede añadir: «se están vulnerando normas y principios deontológicos básicos como la no discriminación, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto y la salvaguarda del ejercicio de derechos fundamentales. Y, como consecuencia, las decisiones aparecen claramente alineadas con los intereses empresariales». La de ELA no es la primera voz que denuncia esta situación, pero hay que reconocerle un notable peso específico en la necesaria apertura de un debate serio sobre el modelo policial vasco.