La Justicia de Sudáfrica, en un veredicto histórico en el país, condenó al expresidente Jacob Zuma (2009-2018) a quince meses de cárcel por desacato al haberse negado reiteradamente a declarar en investigaciones de corrupción bajo su mandato.

En un duro dictamen, el Tribunal Constitucional destacó que Zuma no solo desobedeció las órdenes judiciales que le obligaban a testificar, sino que además buscó minar la autoridad del Poder Judicial con «ataques atroces» y «calculados».

Aunque hace años era investigado por los tribunales y una comisión oficial por supuesta corrupción durante sus nueve años de mandato –acusado de utilizar el aparato estatal de forma fraudulenta– finalmente la condena le ha llegado por desafiar a las instituciones y negarse a declarar.

La historia de Jacob Zuma representa las luces y sombras de Sudáfrica. Fue jefe de los servicios de información del Congreso Nacional Africano (ANC) durante la lucha contra el apartheid y preso político durante diez años en Robbe Island. Pero en 2018, antes del final de su segundo mandato, se vio envuelto en una espiral de escándalos y abuso de poder y el ANC forzó su renuncia, aunque conserva una red sólida de apoyos entre parlamentarios y políticos cuya respuesta no se descarta tras la condena.

Zuma, aún pendiente de otro proceso de fraude y lavado de dinero vinculado a la compra de armamento, afirma que la comisión busca destruir su legado como presidente y cuestionó la independencia de los jueces.